Washington — El acuerdo provisional que permitirá a Estados Unidos utilizar siete instalaciones militares colombianas es un medio de formalizar el acceso que el personal de Estados Unidos ha tenido durante años en los esfuerzos conjuntos para combatir las actividades de los narcotraficantes. No es una propuesta que vaya a crear nuevas bases estadounidenses o aumente la presencia militar estadounidense en el país, dijo el vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado Christopher McMullen.

Mc Mullen dijo a America.gov que recientemente regresó de una gira por Argentina, Brasil y Uruguay, principalmente para explicar a sus gobiernos los términos reales del acuerdo de cooperación en defensa (DCA) propuesto entre Estados Unidos y Colombia y la manera en que contrasta con muchas de las fuertes críticas dirigidas a éste, particularmente por parte del presidente de Venezuela Hugo Chávez. (Véase "Enviado del presidente Obama visita Uruguay").

“Es mucho más inocuo de lo que cualquiera pueda imaginar, pero el problema es que si hay un vacío de información la gente especula sobre los contenidos del acuerdo...y reacciona a los pedazos sueltos de información así como a la desinformación”, dijo McMullen.

Según indica una hoja informativa publicada por el Departamento de Estado el 18 de agosto, el DCA está diseñado para facilitar la cooperación bilateral en Colombia en cuestiones de seguridad, “inclusive la producción y tráfico de narcóticos, terrorismo, contrabando ilegal de todo tipo y desastres naturales y catástrofes humanas”. (Véase "Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa entre Estados Unidos y Colombia").

Más que crear bases estadounidenses, el acuerdo permite al personal estadounidense el acceso a siete instalaciones militares colombianas: dos bases navales, dos instalaciones del ejército y las tres bases aéreas localizadas en Palanquero, Apiay y Malambo. “Todas estas instalaciones militares están y permanecerán bajo control colombiano”, y las fuerzas armadas colombianas seguirán a cargo de su comando y control, su administración y seguridad, indica la hoja informativa.

Según el DCA, todas las actividades realizadas por personal estadounidense de estas instalaciones tendrán lugar “solamente con expresa aprobación previa del gobierno colombiano”, y el acuerdo “no señala, anticipa o autoriza un aumento de la presencia de personal militar o civil estadounidense en Colombia”.

El vicesecretario adjunto McMullen dijo que esencialmente el acuerdo “formaliza el acceso que hemos tenido en base a cada ocasión necesaria durante la existencia del Plan Colombia”, y en algunos casos incluso antes. El Plan Colombia es una estrategia de 10 años de duración diseñada por Colombia en la que Estados Unidos ha ayudado al país en su lucha contra el narcotráfico, la terminación del conflicto civil, el estímulo del crecimiento económico y el fortalecimiento del imperio de la ley.

El ímpetu para el DCA, dijo, se debió en parte a la cantidad de tiempo y esfuerzo que ambos gobiernos han invertido en establecer los términos del acceso diario de Estados Unidos a las instalaciones colombianas por medio de protocolos diplomáticos formales. En un sentido general, el DCA también sirve de acuerdo marco para la cooperación entre Estados Unidos y Colombia y refleja el deseo de ambos países de actualizar los acuerdos bilaterales de cooperación militar, algunos de los cuales han estado vigentes desde las décadas de 1950 y1960.

McMullen destacó que el DCA es estrictamente un acuerdo bilateral con Colombia pero que es “emblemático del tipo de cooperación que otros países de la región deberían llevar a cabo” contra desafíos compartidos tales como el narcotráfico y la delincuencia internacional. Una cooperación multilateral en la región puede ayudar a “reducir la capacidad de los cárteles de la droga de trabajar en los espacios que existen entre los países”.

ÉXITO DE COLOMBIA PERMITE COMPARTIR LECCIONES APRENDIDAS, AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN ESTADOUNIDENSE

McMullen destacó que la mayoría de los indicadores muestran que la productividad de la industria de la cocaína en Colombia ha “disminuido significativamente”, durante los últimos siete u ocho años de operaciones militares que han empujado el cultivo de la coca a zonas más remotas y marginales en las que el rendimiento de las cosechas es menor. Al mismo tiempo, los decomisos de droga han “aumentado drásticamente”, dijo.

Los éxitos de Colombia en la lucha contra el problema de la droga y la mejora de la situación de seguridad frente a grupos rebeldes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han causado que comience a compartir sus experiencias con sus vecinos, comentó McMullen.

“Está tratando de llevar las lecciones aprendidas a otros países de la región” por medio de programas de capacitación de la policía en Haití, México y América Central y capacitación de helicópteros a pilotos mexicanos como parte de la iniciativa de Mérida.

También, el éxito de Colombia ha permitido que por “primera vez en 45 años” se amplíe su diálogo bilateral con Estados Unidos “más allá de los tradicionales temas de la droga y la seguridad”, expresó McMullen y agregó que los dos países ahora dialogan sobre cooperación en materia de cambio climático, como mejorar las vidas de la población afro colombiana, y óomo puede Colombia tener un papel más activo en la iniciativa regional de libre comercio conocida como Caminos hacia la prosperidad. (Véase "La prosperidad en las Américas debe medirse por la calidad de vida de la gente")

Sin embargo, McMullen advirtió que “no podemos subestimar a las FARC” a pesar del éxito de Colombia contra el grupo rebelde, particularmente en el período de 2007 a 2008, con las muertes de comandantes de alto nivel de las FARC y deserciones en masa de efectivos de las FARC.

El grupo, fundado en 1964, “ha pasado por crisis iguales o más serias” que la que experimenta en la actualidad, y “ha probado ser una organización muy resistente y adaptable”, dijo McMullen y destacó que recientemente las FARC han dado muestras de adaptar su estrategia y tácticas frente a las nuevas realidades y en respuesta a las actuaciones del gobierno colombiano. Retiene refugio seguro en los porosos terrenos de jungla en las fronteras con Ecuador y Panamá y en Venezuela donde “no sólo tiene refugio seguro sino que hay indicaciones de que recibe un apoyo activo por parte de algunos miembros del gobierno venezolano”.

En cuanto al historial de derechos humanos en Colombia, el vicesecretario adjunto dijo que el gobierno ha venido realizando “mejoras regulares”, y que “la trayectoria general ha sido mayormente positiva”, pero Estados Unidos ha expresado preocupación sobre asuntos tales como las muertes en Soacha, donde personas que buscaban empleo fueron identificados erróneamente como guerrilleros de las FARC y asesinados por el ejército colombiano. (Véase "El Depto. de Estado certifica a Colombia en materia de Derechos Humanos")

“Fue un escenario de derechos humanos que no habíamos visto con anterioridad, que nos hizo tomar una pausa”, dijo McMullen, y agregó que los funcionarios estadounidenses desean asegurar que el incidente fue aislado y no sistémico y esperan que la investigación del gobierno colombiano y el castigo a los perpetradores demuestren que “los colombianos tienen esto bajo control”.