Washington – Estados Unidos manifestó su grave preocupación después de que el régimen de facto del presidente Roberto Micheletti suspendiera las libertades civiles y los derechos políticos fundamentales en su constante intento para suprimir la oposición y arrestar al derrocado presidente Manuel Zelaya.

“Las libertades inherentes en los derechos suspendidos son inalienables y no pueden ser limitadas ni restringidas sin perjudicar gravemente las aspiraciones democráticas del pueblo hondureño”, declaró Ian Kelly, portavoz del Departamento de Estado, el 28 de septiembre.

“En este momento importante de la historia de Honduras, instamos a todos los líderes políticos a que comprometan a un proceso de diálogo que resulte en la resolución duradera y pacífica de la crisis actual”, agregó.

Zelaya, que fue derrocado por el ejército hondureño el 28 de junio y expulsado en un vuelo aéreo a Costa Rica, ingresó en el país hace una semana y solicitó asilo en la embajada brasileña en Tegucigalpa.

Desde entonces, Micheletti ha ordenado el arresto de Zelaya, ha suspendido las libertades civiles y ha cerrado las oficinas de la estación Radio Globo y la cadena de televisión Cholusat, confiscando también sus equipos. También ha advertido a Brasil que tiene diez días para decidir si entrega a Zelaya a las autoridades hondureñas, o de otra manera cerrará la embajada.

El presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que hará caso omiso del plazo y ha pedido a las Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos y a la comunidad internacional que presione diplomáticamente al régimen de facto hondureño para que ponga fin a sus medidas anticonstitucionales.

Estados Unidos instó al régimen de facto y a Zelaya a que aprovechen este tiempo para crear la buena voluntad y la solidaridad que les ha extendido el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que elaboró el Acuerdo de San José para acabar con el estancamiento y lograr que Honduras regrese al orden constitucional.

“En este aspecto le recordamos al régimen de facto de sus obligaciones bajo la Convención de Viena respecto a las instalaciones y el personal diplomático, y todos aquellos bajo su protección”, dijo Kelly en Washington.

“He de decir que la situación ha tomado un giro brusco hacia lo negativo con las amenazas contra la embajada brasileña”, dijo la subsecretaria Lynn Pascoe durante una conferencia de prensa en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 28 de septiembre.

“Se trata de un grave problema para todos nosotros. Sería un desastre si se tomaran medidas para violar la ley internacional en cuanto a la inviolabilidad de las embajadas. También nos preocupa ver que la situación empeora con las acciones del gobierno de facto para poner más presión internamente, cerrando oficinas de medios informativos y también tomando medidas de emergencia contra la población”, declaró Pascoe.

En una rueda de prensa el 28 de septiembre, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reveló haberle pedido al régimen de Micheletti que restaure las libertades civiles plenas y que deje de amenazar con el cierre de la Embajada de Brasil, hecho que sería una grave violación del derecho internacional.

“Me preocupan profundamente los acontecimientos en Honduras. El estado de emergencia ha aumentado las tensiones. Apelo a todos los actores políticos a comprometerse seriamente con el diálogo y la mediación regional”, declaró.

De conformidad con las condiciones del Acuerdo de San José, moderado por Arias, Zelaya sería restaurado en el cargo por el resto de su mandato en la presidencia, que concluye en enero de 2010, y con poderes limitados; se dictaría la amnistía general por los delitos cometidos antes y después del 28 de junio, fecha en que Zelaya fue derrocado; se establecería un gobierno de unidad nacional y reconciliación; se levantarían las sanciones económicas internacionales; se celebrarían elecciones generales y, un mes antes de los comicios, se pondría a las fuerzas armadas hondureñas bajo la autoridad de la comisión electoral nacional. Las elecciones presidenciales y legislativas están previstas para el 29 de noviembre.

Las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y la comunidad internacional han apelado a que se acepte el acuerdo elaborado por Arias, laureado con el Premio Nobel de la Paz.

En una rueda de prensa el 21 de septiembre, la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton declaró: “Solo queremos que se resuelva este asunto de manera pacífica, con el entendimiento de que el resto del mandato del presidente Zelaya será respetado, que las elecciones se celebrarán y que habrá una transferencia pacífica del poder”.

“Me parece que todos saben cuáles deben ser los objetivos. Es cuestión de persuadir y de convencer, y de utilizar nuestros mejores esfuerzos para tratar de que ambos lados lleguen a ese punto”, añadió. (Véase Clinton y Arias hacen llamado a la calma y a conversaciones entre líderes hondureños).

En fechas recientes, Micheletti ha indicado que pronto podría restaurar las libertades civiles y que acogería la visita de una misión de la OEA el 7 de octubre, pero no antes.

Estados Unidos y varios otros países han dicho que si las elecciones nacionales se celebran en la situación actual, puede que no admitan ni los comicios ni a los ganadores.

Estados Unidos suspendió su ayuda no humanitaria a Honduras hasta que concluya el proceso de mediación y se resuelvan los asuntos más graves.