URUGUAY (FILA 2)

Uruguay es fundamentalmente un país de fuente y tránsito de trata de hombres, mujeres y menores con el fin de explotación sexual comercial y trabajo forzoso. La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas que son objeto de trata desde dentro del país hacia zonas fronterizas y de turismo para explotación sexual comercial; algunos niños también son objeto de trata con la misma finalidad. Ocasionalmente, los padres facilitan la explotación de sus hijos en prostitución y los padres empobrecidos en zonas rurales han entregado a sus hijos para trabajo forzoso, doméstico y rural. Atraídas por ofrecimientos de trabajos falsos, ha habido trata de mujeres a España e Italia con fines de explotación sexual comercial.

El Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; no obstante, está realizando importantes esfuerzos para hacerlo. Durante el período de este informe, el Gobierno mostró firmes esfuerzos de prevención y servicios a las víctimas, y abrió una investigación penal conforme a su nueva ley contra la trata de personas. No obstante, continuaron faltando esfuerzos enérgicos de aplicación de la ley de trata de personas contra sus infractores.

Recomendaciones para Uruguay: Aumentar los esfuerzos para investigar y someter a la justicia los delitos de trata de personas, y declarar culpables y castigar a los infractores; aumentar los esfuerzos para implementar la nueva ley contra la trata de personas; ampliar la capacitación en materia de trata de personas para jueces y personal encargado de la aplicación de la ley, y aumentar los servicios a las víctimas y los esfuerzos de protección.

Sometimiento a la justicia

El Gobierno de Uruguay mejoró moderadamente sus esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata de personas durante el año pasado. A principios de 2008, el Gobierno sancionó una ley contra la trata de personas como parte de un paquete global de reforma inmigratoria. El Artículo 78 de esta nueva ley prohíbe toda forma de trata de personas, y dispone de penas de 4 a 16 años de penitenciaría. El Artículo 78 complementa las anteriores leyes uruguayas que prohíben la trata de niños, la pornografía infantil y el trabajo forzoso, disponiendo penas de 6 meses de prisión a 12 años de penitenciaría. Las penas antes mencionadas son suficientemente estrictas y acordes con las penas estipuladas para otros delitos graves. Durante el período del informe, el Gobierno abrió un caso conforme a su nueva ley contra la trata de personas; dos acusados que supuestamente habrían traficado casi una docena de mujeres para prostitución forzosa en España estaban en prisión a la espera del juicio en el momento de publicación de este informe. Conforme a leyes anteriores, dos mujeres fueron arrestadas y acusadas de proxenetismo de menores en casos separados. En octubre de 2008, el Poder Judicial estableció dos juzgados especializados en crimen organizado, que incluyen la trata de personas. El Gobierno aumentó la capacitación en materia de trata de personas para oficiales consulares y de inmigración, si bien hay ONG que indican que la policía y los jueces siguen sin estar familiarizados con las leyes en materia de trata de personas, especialmente fuera de Montevideo. Los oficiales uruguayos encargados de la aplicación de la ley cooperan con sus homólogos en los gobiernos vecinos del Mercosur y otros países en casos internacionales de trata de personas. No existen pruebas confirmadas de complicidad oficial con la trata de personas.

Protección

El Gobierno de Uruguay mantuvo servicios básicos a víctimas durante el año. Los niños víctimas de trata son remitidos a instituciones de gobierno para su atención; a 14 niños víctimas de trata se les ofreció asistencia durante el período del informe. El Gobierno atendió centros a que pueden acceder mujeres adultas víctimas de abuso, incluso víctimas de trata, y se esforzó por brindar asistencia jurídica, atención médica y psicológica. Sin embargo, los hombres adultos víctimas de trata no recibieron estos servicios. Si bien el Gobierno prestó asistencia restringida a ONG que trabajan en el área de trata de personas, la disponibilidad de servicios a las víctimas continuó siendo desigual en todo el país, en especial fuera de la capital. El Gobierno no cuenta con un sistema formal para identificar a las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables, como adultos en prostitución o inmigrantes indocumentados. El Gobierno alienta a las víctimas, si bien nos las obliga, a asistir en la investigación y sometimiento de la justicia de los culpables. No hubo denuncias de víctimas que hayan sido encarceladas, deportadas o sancionadas de otro modo por actos cometidos como resultado directo de haber sido víctimas de trata. La ley de Uruguay no obliga a la repatriación de ninguna víctima extranjera de trata y permite a las víctimas de trata solicitar la ciudadanía en Uruguay.

Prevención

El Gobierno de Uruguay aumentó sus esfuerzos para sensibilizar al público sobre los peligros de la trata de personas y prostitución infantil durante el período del informe, lanzando una campaña de información ampliamente difundida durante una semana en el mes de octubre de 2008. Los funcionarios del Gobierno hablaron públicamente sobre la trata de personas, realizaron entrevistas en los medios de comunicación y distribuyeron 50.000 panfletos contra la trata de personas y 5.000 posters en las áreas turísticas. Los funcionarios de Gobierno también realizaron actividades de divulgación dirigidas a trabajadores en hotelería y otros en el sector turístico para sensibilizarlos sobre el turismo de sexo con niños y la explotación sexual comercial de menores. El Gobierno mantuvo una buena cooperación con organizaciones no gubernamentales y apoyo los esfuerzos de una organización local para realizar actividades de divulgación contra la trata de personas entre prostitutas. El Ministerio de Educación continúo incluyendo el material contra la trata de personas en sus programas de educación sexual a nivel de liceos. El año pasado, el Gobierno estableció una comisión interministerial informal para dirigir sus esfuerzo contra la trata de personas, además de mantener una comisión especial que se centra en la explotación sexual comercial y no comercial de niños. Durante el año, el Gobierno ofreció capacitación en materia de trata de personas a las tropas uruguayas desplegadas en las misiones de paz. En un esfuerzo por reducir la demanda de consumidores de actos sexuales comerciales, el Gobierno sometió a la justicia a un pequeño número de “clientes” por explotación sexual comercial de menores. No se conocieron esfuerzos para abordar el tema de demanda de trabajo forzoso.

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