El presidente Obama y el presidente
mexicano Calderón, en Ciudad de México. | |
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Washington — Eliminar el flujo de armas de fuego ilegales
hacia América Latina y el Caribe desde Estados Unidos
es una preocupación importante debido a la amenaza
que estas armas implica para la seguridad personal y el bienestar
de la gente, según dijo el presidente Obama.
Obama comentó durante una conferencia de prensa
celebrada en la tarde del 16 de abril en la Ciudad de México
que intentará que el Senado de Estados Unidos ratifique
un tratado interamericano sobre tráfico de armas
diseñado para reducir el flujo de armas de fuego
ilegales y munición que llegan a los cárteles
de la droga y a otros grupos armados que operan en el Hemisferio
Occidental.
“Estamos completamente comprometidos a trabajar en
alianza con México para asegurar que tratamos esta
lacra en ambos lados de la frontera", dijo Obama tras
la reunión con el presidente Felipe Calderón.
La visita de Obama, la primera de un presidente de Estados
Unidos a la capital en 13 años está diseñada
para enviar una firme señal de que Estados Unidos
apoya a Calderón y a su administración que
está en conflicto contra cárteles de la droga
armados de forma importante.
“En una época en la que el gobierno mexicano
se enfrenta valientemente a los cárteles de la droga
que han plagado ambos lados de la frontera, es absolutamente
crítico que Estados Unidos se una como socio pleno
para tratar este asunto, tanto por iniciativas como la de
Mérida como también en nuestro lado de la
frontera, y enfrentarse al flujo de armas y efectivo hacia
el sur”, dijo Obama en una ceremonia a su llegada
a la Ciudad de México.
La seguridad personal es uno de los numerosos asuntos que
se discutirán en la Cumbre de las Américas
del 17 al 19 de abril en Puerto España, Trinidad-Tobago.
Líderes de 34 países del hemisferio elegidos
democráticamente se reúnen para considerar
una variedad de temas que les afectan directamente como
la actual crisis económica, asuntos energéticos
y cambio climático, y seguridad.
La Organización de los Estados Americanos (OEA)
adoptó la convención internacional el 14 de
noviembre de 1997, y la administración Clinton firmo
el tratado tras su adopción. El tratado se conoce
formalmente como Convención Interamericana Contra
La Fabricación y el Tráfico Ilícitos
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales
Relacionados (CIFTA). La Casa Blanca presentó el
tratado al Senado de Estados Unidos para su aprobación
el 9 de junio de 1998 pero el Senado no la ha ratificado
todavía.
Los senadores Dianne Feinstein, demócrata de California,
y Richard Durbin, demócrata de Illinois, han pedido
a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado
que apruebe la ley para ayudar a erradicar el reciente incremento
de la violencia de los cárteles mexicanos de la droga.
Además, Feinstein también envió una
carta al presidente instándole a aprobar la ratificación.
La convención ayuda a los países miembros
de la Organización de los Estados Americanos a combatir
el comercio ilícito de armas de fuego que instiga
la violencia de la droga, el terrorismo y el crimen organizado,
dijeron los senadores en una declaración preparada
por anticipado. Exige a los signatarios que tipifiquen como
delito la manufactura y venta ilegales de armas y establece
un sistema de marca y licencia para la exportación
e importación de armas de fuego.
La convención, que entró en vigor en Julio
de 1998, ha sido ratificada por 29 países miembros
de la OEA y otros cuatro, entre ellos Estados Unidos, la
han firmado.
“La convención hará que los ciudadanos
del hemisferio estén más seguros al ayudar
a cerrar el mercado transnacional de armas ilegales que
instiga la violencia asociada al tráfico de drogas,
el terrorismo, y el crimen organizado”, indica una
hoja informativa del Departamento de Estado. “Al tiempo
que se fortalece la capacidad de los países para
erradicar el tráfico de armas ilegales, este acuerdo
regional sigue el modelo de prácticas, reglamentos
y leyes estadounidenses y protege el comercio legal de armas
de fuego así como su uso y propiedad legal”.
La Iniciativa de Mérida de tres años y 1.400
millones de dólares fue desarrollada por México,
países de América Central y Estados Unidos
para ayudar a luchar contra los cárteles de la droga
mediante la mejora de la capacitación para la aplicación
de la ley, equipamiento militar y mejora de la cooperación
en materia de inteligencia.
Para ayudar a México todavía más,
la Casa Blanca nombró el 15 de abril a un ex funcionario
del Departamento de Justicia de Estados Unidos responsable
de los esfuerzos para combatir la violencia relacionada
con la droga en el lado estadounidense de la frontera con
México en la parte suroeste de la misma. La secretaria
de Seguridad Nacional Janet Napolitano anunció el
nombramiento de Alan Bersin, un ex fiscal federal durante
una visita a El Paso, Texas. Bersin ocupó el mismo
puesto — conocido como “el del zar de la frontera”
— durante la administración Clinton.
Tres pandillas de la droga mexicanas: el cártel
de Sinaloa, los Zetas y la Familia michoacana, están
incluidos en una lista de narcotraficantes extranjeros importantes
que recibirán sanciones especiales, dijo la Casa
Blanca el 15 de abril. Esta medida permite a Estados Unidos
congelar todos los activos de los cárteles en jurisdicción
estadounidense y prohíbe a los estadounidenses tratar
con organizaciones que pudieran estar vinculadas o asociadas
con estos grupos y sus operativos.
Para más información sobre la Convención
Interamericana, lea una hoja informativa del Departamento
de Estado de Estados Unidos.