"Estos informes ordenados por el Congreso describen el desempeño que otros gobiernos del mundo registraron en 2007 en lo que respecta a poner en práctica sus obligaciones internacionales en cuanto a derechos humanos. Los informes proveen información al gobierno de Estados Unidos para la formulación de sus políticas y sirven también de referencia a otros gobiernos, instituciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, personas y medios informativos", dice la presentación del Informe Anual por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos.

El texto completo del Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2007 está disponible, en inglés, en el sitio electrónico del Departamento de Estado

A continuación una traducción de la introducción del informe:

(comienza el texto)

Departmento de Estado de Estados Unidos
Informes por Países sobre Derechos Humanos 2007
Difundido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
11 de marzo de 2008

Introducción al Informe por Países sobre Derechos Humanos 2007

El respeto por los derechos y las libertades fundamentales humanas reflejado en la Declaración Universal de Derechos Humanos constituye, como dijo el presidente Bush, “El cimiento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”. Hoy día, en todos los continentes hay hombres y mujeres que se esfuerzan con muchas dificultades y frecuentemente con grandes riesgos por tener el derecho básico de vivir con dignidad, por seguir los dictados de sus conciencias y expresar sus pensamientos sin temor, por elegir a quienes habrán de gobernarlos, por exigir de sus dirigentes la rendición de cuentas y por tener igualdad ante la justicia conforme a la ley.

Cada ves se percibe más la democracia como la forma de gobierno capaz de alcanzar esos derechos y libertades fundamentales. Ninguna forma de gobierno está exenta de defectos. La democracia es un sistema de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que se basa en el principio de que los humanos tienen el derecho inherente de forjar su propio futuro, pero que son seres con defectos y que, por lo tanto, debe haber medidas correctivas incorporadas. Nuestros ciudadanos se enorgullecen de su historia, de que cada generación, desde que nuestra nación fuera fundada, luchó para que nuestras costumbres democráticas se correspondieran con nuestros apreciados principios, mientras procuramos hacer frente a las injusticias y los desafíos de cada nueva época.

Al publicar estos informes, el Departamento de Estado es consciente tanto de las críticas internacionales como internas sobre el historial estadounidense en lo que respecta a los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos seguirá atento y continuará respondiendo con franqueza a las preocupaciones que existen acerca de nuestras propias prácticas, incluso las medidas que hemos adoptado para defender a nuestra nación contra la amenaza mundial del terrorismo. Nuestras leyes, nuestras políticas y nuestras prácticas han evolucionado considerablemente en los años recientes, y seguiremos esforzándonos en proteger a la población civil inocente contra los ataques mientras cumplimos nuestro compromiso, que data de hace mucho, de respetar los derechos y las libertades fundamentales humanas. Como parte de este esfuerzo, Estados Unidos presenta a los organismos internacionales informes de conformidad con las obligaciones contraidas en los varios tratados sobre derechos humanos de los que es parte.

Tomamos muy en serio todos nuestros compromisos relacionados con los derechos humanos y, en nuestros esfuerzos de cumplir de buena fe con esos compromisos, valoramos el papel vital que desempeñan la sociedad civil y los medios informativos independientes. No consideramos que las opiniones expresadas por otros en la comunidad internacional acerca de nuestro desempeño constituyan una interferencia en nuestros asuntos internos, y otros gobiernos tampoco deben considerar como tal las expresiones hechas acerca de su desempeño. En efecto, conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos”.

Estos informes ordenados por el Congreso describen el desempeño que otros gobiernos del mundo registraron en 2007 en lo que respecta a poner en práctica sus obligaciones internacionales en cuanto a derechos humanos. Los informes proveen información al gobierno de Estados Unidos para la formulación de sus políticas y sirven también de referencia a otros gobiernos, instituciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, personas y medios informativos. El informe sobre cada país habla por sí mismo. Sin embargo, es posible recabar de los informes observaciones generales acerca del adelanto de los derechos humanos y los principios democráticos en el mundo. Los ejemplos específicos de cada país que presentamos más adelante tienen por propósito ser ilustrativos, no exhaustivos.

En 2007, los países que experimentaron regresiones graves en cuanto a los derechos humanos y la democracia llenaron los titulares. Algunos países registraron adelantos significativos a pesar de formidables y persistentes desafíos, pero una gran mayoría forcejeaba entre lograr progresos incrementales o sufrir reveses. Lo que sigue sirve de ilustración:

La toma de posesión en Mauritania en abril de un presidente elegido en una votación que la comunidad internacional consideró libre y justa en su mayor parte señaló la primera transición del país hacia la democracia en sus cincuenta años de independencia. Esta votación, junto con las elecciones parlamentarias de noviembre de 2006, creó un entorno de tolerancia en el que la participación en la esfera política fue amplia y crecientemente inclusiva. El nuevo gobierno se concentró más en abordar los problemas pertinentes a los derechos humanos, en particular los vestigios de la esclavitud, la desigual condición política y social de los moros negros y los afromauritanos, y la repatriación de los refugiados mauritanos que residen en Senegal.

Ghana celebró en marzo de 2007 su quincuagésimo aniversario como estado independiente. Los últimos quince años vieron sucesivas elecciones democráticas libres y justas, el surgimiento de una sociedad civil vibrante, y un compromiso para procurar reformas sostenibles por medio de una administración responsable de parte de las ramas de su gobierno. Bajo el liderazgo del presidente Kufuor, a quien la constitución prohíbe postularse para un tercer período y que hasta hace poco fue presidente de la Unión Africana (UA), Ghana ha asumido también un papel activo en fomentar la democracia y la estabilidad en otros países africanos.

Como parte de un proceso de reforma más amplio en Marruecos, las elecciones parlamentarias de septiembre fueron transparentes y estuvieron acompañadas por una influencia aumentada del Consejo Consultivo de Derechos Humanos. Si bien los observadores notaron algunos problemas durante el período de la campaña y hubo informes sobre una compra de votos y otras manipulaciones, el gobierno publicó en 48 horas estadísticas de la participación y los resultados del voto popular por distrito, y todos los partidos políticos aceptaron como correctos los resultados finales. Algunas reformas en las prisiones, incluso su acceso por los organismos no gubernamentales (ONG), se agregaron al compromiso general del público de crear una cultura de derechos humanos. Sin embargo, persistieron algunos problemas de derechos humanos, como las restricciones a la libertad de prensa y los abusos reportados en el Sahara Occidental administrado por Marruecos.

Haití sostuvo tres elecciones democráticas en 2006, incluso la elección de un nuevo presidente y una elección parlamentaria. Sin embargo en 2007 omitió las requeridas elecciones del Senado.

El gobierno interino de Nepal pospuso dos veces la elección de una asamblea constituyente después de que el acuerdo de paz de 2006 pusiera fin a la insurgencia de toda una década. Si bien los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad disminuyeron considerablemente, los maoístas y los miembros de la Liga Comunista de Jóvenes afiliados a los maoístas, así como otros grupos armados pequeños, frecuentemente en torno a grupos étnicos, cometieron numerosos abusos graves de derechos humanos al atacar a civiles, a funcionarios del gobierno, miembros de grupos étnicos particulares, al cometer ataques entre ellos mismos, o atacar a maoístas. Al carecer de respaldo político, la policía con frecuencia fue reticente a la intervención, particularmente contra los maoístas. El gobierno adoptó una medida positiva cuando nombró en septiembre a comisionados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero no reveló los paraderos de aproximadamente 700 personas desaparecidas, identificadas en 2006 por la CNDH y la ONU. La impunidad de los violadores de derechos humanos, las amenazas contra los medios informativos, los arrestos arbitrarios y las detenciones prolongadas previas al juicio, fueron problemas graves.

En Georgia, el avance de los derechos humanos y de la democracia estuvo desincronizado. El historial de derechos humanos del gobierno mejoró en algunas áreas en el transcurso del año. El gobierno inauguró el Alto Colegio de Justicia para capacitar a los jueces, y el parlamento aprobó legislación que prohibía la comunicación entre los jueces y las partes en un caso fuera del tribunal y un Código Ético para los jueces. Sin embargo, el respeto por la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a asamblea sufrió a causa de la crisis política en el otoño, al enfrentarse la policía y los manifestantes y al usar el gobierno fuerza excesiva para poner fin a las manifestaciones, suspender temporalmente las operaciones de la estación televisiva más popular, así como de otras dos estaciones, y declarar un estado de emergencia temporal. El presidente Saakashvili renunció a consecuencia de la crisis y solicitó la celebración de elecciones presidenciales anticipadas.

Si bien la democracia y el historial de derechos humanos en Kirguistán mejoraron considerablemente nada más pasar las elecciones presidenciales de 2006, el año 2007 vio una continuación de las condiciones existentes en 2006 caracterizadas por los esfuerzos del gobierno para imponer restricciones a la asamblea pacífica, la detención de los organizadores y los apresurados cambios a la constitución, el código electoral y en el gobierno. Si bien el gobierno respetó la libertad de expresión en términos generales, la presión ejercida sobre los medios informativos independientes aumentó. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y otros observadores electorales occidentales así como observadores locales independientes informaron sobre graves y extensas violaciones en el referéndum constitucional de octubre, y las elecciones parlamentarias nacionales de diciembre no llegaron a satisfacer las normas internacionales.

En Rusia, la centralización del poder en la rama ejecutiva, una Duma estatal sumisa, la corrupción y selectividad en la aplicación de la ley, los requerimientos onerosos para la inscripción de las ONG, el hostigamiento de algunas ONG y las restricciones impuestas a los medios informativos continuaron erosionando la rendición de cuentas a sus ciudadanos. Al poseer directamente medios de información, influir en los propietarios otros medios principales medios y hostigar e intimidar a los periodistas para que practiquen la autocensura, el gobierno siguió debilitando la libertad de prensa en Rusia. Casos de asesinato de periodistas quedaron sin resolver. Se utilizó la ley sobre el extremismo para limitar la libertad de expresión y de asociación. El gobierno restringió severamente la capacidad de los partidos políticos opositores y la de algunos candidatos individuales de participar en el proceso político. Las elecciones de diciembre para la Duma estatal se distinguieron por problemas durante el período de la campaña electoral y en el día de la elección, entre los que figuraron el abuso de los recursos administrativos, la predisposición de los medios informativos hacia el partido Rusia Unida respaldado por el presidente Putin, el hostigamiento de los partidos de la oposición, la falta de oportunidades iguales para la oposición en la inscripción y dirección de las campañas, y fraude en la votación. Los observadores internacionales concluyeron que las elecciones no fueron justas y que no cumplieron con las normas establecidas para una elección democrática. El historial de derechos humanos continuó siendo pobre en la República de Chechenia y empeoró considerablemente en la República de Ingushetia, donde hubo un aumento en la violencia y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

A pesar del compromiso declarado del presidente Musharraf hacia una transición democrática, la situación de los derechos humanos en Pakistán se deterioró durante una gran parte de 2007. Después de la suspensión del juez jefe por el presidente Musharraf en marzo, los abogados y la sociedad civil respondieron con extensas protestas en apoyo de un poder judicial independiente, lo que resultó en detenciones en masa. Esto dio motivo para una huelga prolongada de los abogados. En noviembre, el presidente Musharraf declaró un estado de emergencia antes de que la Corte Suprema pronunciara su fallo sobre si era elegible o no para presentarse a la reelección como presidente. Durante el estado de emergencia, el presidente Musharraf suspendió la constitución y despidió y arrestó a ocho miembros de la Corte Suprema, incluyendo a su presidente y a cuarenta jueces de tribunales superiores provinciales. Bajo las medidas de emergencia, las autoridades pakistaníes arrestaron también a aproximadamente 6.000 trabajadores de los partidos políticos de la oposición, a defensores de derechos humanos, abogados y jueces. Al final del año, había todavía once jueces suspendidos y tres abogados sometidos a arresto domiciliario, y los medios informativos fueron obligados a firmar un código de conducta que prohibía la crítica del gobierno para que pudieran operar. En el lado positivo, el presidente Musharraf renunció a fines de noviembre a su cargo de jefe del estado mayor del ejército, volvió a pronunciar el juramento presidencial como civil y en diciembre revocó el estado de emergencia. Los dirigentes de los dos principales partidos políticos de oposición regresaron del exterior y se fijó una fecha para las elecciones parlamentarias. Las elecciones fueron pospuestas más tarde a consecuencia del asesinato de Benazir Bhutto.

El historial de derechos humanos del gobierno de Bangladesh empeoró, debido en parte al estado de emergencia y al aplazamiento de las elecciones. Con las reglas de poderes de emergencia de 2007, impuestas por el gobierno en enero y en vigencia durante todo el año, fueron suspendidos muchos derechos y libertades fundamentales, entre ellos la libertad de prensa, la libertad de asociación, y el derecho a fianza. La campaña anticorrupción iniciada por el gobierno, aunque recibida con el apoyo popular, produjo motivos de preocupación en lo que respecta a las garantías legales. Durante la mayor parte del año el gobierno prohibió las actividades políticas, si bien la aplicación de esta política fue irregular. Aunque hubo una reducción significativa en el número de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, se acusó a las mismas de haber cometido abusos graves, incluso muertes de personas que estaban en custodia, arrestos y detenciones arbitrarias, y hostigamiento de periodistas.

En Sri Lanka, el respeto del gobierno por los derechos humanos continuó declinando, al crear el conflicto armado un ciclo creciente de violencia al que contribuyeron ambos bandos. Informes fidedignos mencionaron muertes ilegales cometidas por agentes del gobierno, asesinatos cometidos por perpetradores desconocidos, muertes motivadas políticamente y reclutamiento de niños soldados por fuerzas paramilitares asociadas al gobierno, desapariciones, arrestos y detenciones arbitrarias, y otros numerosos abusos graves. Las ejecuciones extrajudiciales en la Península de Jaffna controlada por el gobierno aumentaron. Hubo numerosos informes de que el ejército, la policía y grupos paramilitares a favor del gobierno participaron en ataques armados contra civiles y que se cometieron con impunidad actos de tortura, secuestro, toma de rehenes y extorsión. El movimiento de Liberación Tigres de Tamil Eeland, organización terrorista reconocida que mantuvo el control de extensas secciones en el norte, continuó cometiendo ataques contra civiles, torturas, arrestos y detenciones arbitrarias, y otros abusos.

En 2007, la inseguridad producida por los conflictos internos y/o transfronterizos continuó amenazando u obstruyendo los adelantos hechos en lo que respecta a derechos humanos y democracia. Del mismo modo, las mejoras en la situación de la seguridad crearon condiciones más propicias para el progreso en estas áreas.

Las medidas adoptadas por el gobierno de Colombia para mejorar la situación de los derechos humanos y la seguridad produjeron resultados demostrables. El proceso de la Ley de Justicia y Paz ayudó a aclarar más de 3.000 crímenes y condujo a la exhumación de sepulturas en masa, facilitando la identificación de más de mil restos mortales. Las investigaciones del Tribunal Supremo y del procurador general de los vínculos entre políticos y grupos paramilitares implicaron a un número de dirigentes elegidos, de los que varios se encontraban en la cárcel al final del año. Una orden del Ministerio de Defensa dio como resultado la transferencia de aproximadamente 600 casos de derechos humanos del sistema de justicia militar a los tribunales civiles.

En Iraq, la constitución y la ley proveen un marco para el libre ejercicio de los derechos humanos, y muchos ciudadanos contribuyeron a los esfuerzos de ayudar a crear instituciones, tanto civiles como de seguridad, para proteger esos derechos. Sin embargo, la violencia sectaria, étnica y extremista, junto con el desempeño débil del gobierno en su capacidad de sostener el imperio de la ley, resultaron en graves y extendidos abusos de los derechos humanos y en la creación de números grandes de refugiados y de personas desplazadas internamente. El año comenzó con el período semestral más mortífero de la guerra, seguido de una reducción grande en el número de muertes civiles durante la segunda mitad del año, al afianzarse una nueva estrategia. Con la ayuda de nuevos refuerzos militares, la violencia declinó al afianzarse un cese del fuego ordenado por algunas milicias chiítas y al enfrentarse grupos de vigilantes ciudadanos a los extremistas. En el transcurso del año, las instituciones del gobierno se vieron grandemente sobrecargadas y encararon dificultades para responder con éxito a los desafíos presentados por los extensos abusos de los derechos humanos y por los ataques perpetrados por terroristas de Al Qaida y los grupos extremistas en Iraq. Los grupos terroristas continuaron atacando a civiles y a las fuerzas de seguridad.

A pesar del gran progreso registrado después de la caída del Talibán en 2001, el historial de los derechos humanos en Afganistán siguió siendo pobre debido a una insurgencia mortífera, a instituciones gubernamentales y tradicionales débiles, a la corrupción y el tráfico de drogas y a las dos décadas y media de conflicto en el país. Aunque el gobierno aumentó su autoridad en los centros provinciales, el Talibán o las facciones que operan fuera de la autoridad gubernamental controlaron algunas zonas. Durante el año murieron más de 6.500 personas como resultado de la insurgencia, incluso por ataques suicidas, bombas callejeras y violencia relacionada con combates, un aumento drástico comparado con el año anterior. Continuaron los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad nacionales, incluso las ejecuciones extrajudiciales, los arrestos y detenciones arbitrarias, la impunidad oficial y la tortura. Sin embargo, el gobierno actuó para aumentar el profesionalismo de su ejército y su fuerza policial. Una mayor supervisión de la policía por observadores internos y externos ayudó a prevenir los abusos, y el adiestramiento en cuestiones de derechos humanos pasó a ser un elemento regular para el personal policial y militar.

El progreso de la democracia y los derechos humanos en Líbano continuó enfrentando oposición en la forma de una campaña de violencia y asesinatos y esfuerzos con respaldo extranjero para impedir el funcionamiento del gobierno. Los grupos militantes continuaron sus esfuerzos de aterrorizar a figuras públicas y políticas, entre los que figuró una serie de ataques con carros bombas y asesinatos perpetrados en el curso del año. El conflicto de Nahr al-Barid de mayo a septiembre entre las fuerzas armadas libanesas y el grupo terrorista Fatah al-Islam resultó en la muerte de 168 soldados libaneses y aproximadamente 42 civiles y en el desplazamiento interno de unos 30.000 refugiados palestinos. La oposición libanesa, respaldada por fuerzas externas, siguió bloqueando la elección de un presidente al negarse a permitir que se reúna el parlamento. Sin embargo, el Gabinete libanés, liderado por el primer ministro Fouad Siniora, siguió trabajando intensamente para asegurar el funcionamiento del gobierno.

En la República Democrática del Congo, se realizaron históricas y democráticas elecciones presidenciales y legislativas en 2006, concluyendo con ellas el proceso de transición iniciado en 2002 que puso fin a la destructiva guerra civil y al conflicto regional. A pesar de este evento histórico, continuó habiendo problemas significativos en materia de derechos humanos. El historial de derechos humanos del gobierno siguió siendo pobre en 2007. La libertad de prensa declinó y la corrupción oficial siguió siendo endémica. El conflicto armado continuó en ciertas regiones orientales ricas en minerales, donde las fuerzas de seguridad y los grupos armados actuaron con impunidad durante el año, cometiendo numerosos y graves abusos, entre ellos el asesinato de civiles, la violencia sexual extrema, reclutamiento y empleo de niños soldados y el hostigamiento de observadores de derechos humanos de la ONU. Sin embargo, el gobierno congolés llegó en noviembre a un acuerdo con el gobierno de Ruanda sobre una manera de lidiar con los grupos armados en el Congo occidental, incluso con las Fuerzas de Liberación Democrática de Ruanda.

Con la ayuda de la ONU y de la comunidad internacional, se restauró el orden en Timor-Leste tras la violencia de 2006, y el país realizó con éxito dos rondas de elecciones democráticas: las elecciones presidenciales de abril y mayo y las elecciones parlamentarias de junio. El gobierno inició reformas, incluso una reestructuración de la policía nacional, pero continuó dependiendo fuertemente de las fuerzas de seguridad externas que no estaban bajo su control directo. Aunque el poder judicial registró cierto progreso hacia la reforma, continuó dependiendo fuertemente de personal y ayuda internacionales. A pesar de los esfuerzos para tratar con las rivalidades regionales, personales y políticas que constituían la raíz de los desórdenes en el país, la ininterrumpida presencia de renegados armados al final del año continuó planteando una amenaza significativa para el desarrollo democrático de Timor-Leste.

La firma en marzo del acuerdo político de Ouagadougou, en la Costa de Marfil, mediado por el presidente Compaore de Burkina Faso, fue recibida con grandes esperanzas. El presidente Gbagbo de Costa de Marfil y Guillaume Soro, anteriormente líder rebelde de las Fuerzas Nuevas, procedieron rápidamente a formar un gobierno de transición, pero algunos aspectos claves del proceso de paz – entre ellos el desarme de las facciones armadas, la reunificación del país, la determinación de la ciudadanía de personas carentes de documentación y los preparativos para celebrar elecciones para identificar a un nuevo presidente – han procedido lenta y esporádicamente en un ambiente de débil voluntad política.

En Uganda, las condiciones de seguridad y de los derechos humanos han mejorado en forma significativa después de que las fuerzas militares expulsaron en 2005 al rebelde Ejército de Resistencia del Señor (LRA) de la región norteña del país y de iniciarse en 2006 conversaciones de paz, mediadas por el gobierno de Sudán Meridional. No se reportaron ataques de parte del LRA en 2007. Aproximadamente 400.000 ugandeses retornaron en 2006 y 2007 a sus casas o a lugares cercanos, con otros dispuestos a regresar si se mantenía el alto el fuego. La mejor condición de seguridad en el norte ha eliminado virtualmente la práctica conocida como “traslado nocturno”, con la que los niños se trasladaban todas las noches desde las zonas de conflicto o los campos de personas desplazadas hacia los centros urbanos para evitar ser secuestrados por el LRA.

Los países donde el poder estaba concentrado en las manos de gobernantes que no rinden cuentas continuaron siendo los violadores más sistemáticos de los derechos humanos en el mundo.

El régimen represivo norcoreano continuó controlando casi todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, denegándoles la libertad de palabra, prensa, asamblea y asociación, y restringiendo la libertad de movimiento y los derechos de los trabajadores. Informes sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, incluso de presos políticos, continuaron surgiendo del aislado país. Se ha sabido de refugiados forzosamente repatriados que sufrieron castigos graves y que posiblemente fueron torturados. También se continuó recibiendo informes sobre ejecuciones públicas.

El pésimo historial de los derechos humanos en Birmania continuó empeorando. En el transcurso del año, el régimen siguió llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales y fue responsable de desapariciones, detenciones arbitrarias e indefinidas, violaciones sexuales y torturas. En septiembre, las fuerzas de seguridad asesinaron a por lo menos treinta manifestantes y arrestaron a más de 3.000 personas durante una brutal aplicación de medidas enérgicas contra manifestantes pacíficos, entre ellos monjes y los que protestaban en favor de la democracia. A pesar de las promesas de entablar un diálogo, el régimen no cumplió su promesa de iniciar una discusión genuina con la oposición democrática y con los grupos de minorías étnicas. Desafiando las solicitudes del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para la liberación pronta de todos los presos políticos, el régimen mantuvo el encarcelamiento de los líderes de la oposición, entre ellos la laureada con el premio Nóbel de la Paz, Aung San Suu Kyi, quien continuó sometida a arresto domiciliario.

El régimen iraní violó la libertad de expresión y de reunión, intensificando sus medidas enérgicas contra disidentes, periodistas, activistas en pro del derecho de la mujer, activistas laborales y aquellos que no estaban de acuerdo con el régimen, por medio de arrestos y detenciones arbitrarias, tortura, secuestros, uso de fuerza excesiva y denegación generalizada de juicios públicos justos. El régimen continuó deteniendo y abusando de las minorías étnicas y religiosas. Las autoridades emplearon el apedreo como método de ejecución y como sentencia en casos de supuesto adulterio a pesar de una moratoria gubernamental de 2002 que prohibía esa práctica. El régimen siguió apoyando a movimientos terroristas y extremistas violentos en Siria, Iraq y Líbano y exhortó a la destrucción de un estado miembro de la ONU.

El historial de los derechos humanos en Siria empeoró este año, y el régimen continuó cometiendo abusos graves, como el arresto de un número creciente de activistas, organizadores de la sociedad civil y otros críticos del régimen. En diciembre, el régimen sentenció a prisión a varios miembros reconocidos de la comunidad pro derechos humanos, incluso un número de dirigentes del Consejo Nacional por la Declaración de Damasco. El régimen siguió sometiendo a juicio a algunos presos políticos en los tribunales penales. Por ejemplo, en abril y en mayo, respectivamente, las autoridades condenaron en los tribunales penales a los activistas pro derechos humanos Anwar al-Bunni y Michel Kilo, acusándolos de “debilitar el sentimiento nacional durante el tiempo de la guerra”. El régimen sirio continúa apoyando a grupos terroristas internacionales y extremistas violentos, facilitando sus actividades desestabilizadoras y sus abusos de los derechos humanos en Líbano, los territorios palestinos y en otras partes.

El año 2007 fue el peor hasta ahora para los defensores de los derechos humanos en Zimbabwe. A pesar de las recientes iniciativas de líderes regionales para resolver la crisis en curso, el ataque gubernamental a los derechos humanos y la democracia aumentó significativamente. El régimen de Mugabe aceleró su campaña para limitar la oposición política. La corrupción y la impunidad oficiales mantuvieron su expansión. Las fuerzas de seguridad hostigaron, golpearon y arrestaron arbitrariamente a partidarios de la oposición y críticos que actuaban con las ONG de derechos humanos, a los medios informativos, y al movimiento obrero organizado, así como a los ciudadanos comunes y corrientes. Informes recientes de organizaciones independientes que operan en Zimbabwe mencionan 8.000 casos de abusos de los derechos humanos en 2007, incluyendo unas 1.400 agresiones de las que fueron objeto los estudiantes, y por lo menos 1.600 casos de arrestos y detenciones ilegales. Grupos de derechos humanos informaron que la tortura física y psicológica perpetrada por agentes de seguridad y partidarios del gobierno aumentó durante el año. Las víctimas informaron sobre palizas con látigos y cables, suspensiones y descargas eléctricas.

Cuba siguió bajo el control totalitario con el presidente interino Raúl Castro y el primer secretario del Partido Comunista, Fidel Castro. El régimen continuó denegando a los ciudadanos los derechos y libertades democráticas fundamentales, incluso el derecho de cambiar su gobierno, el derecho de ser sometido a un juicio justo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de movimiento y la libertad de asociación. Aunque la cifra estimada de presos políticos disminuyó a 240 de los 283 de que se informó en el año anterior, las condiciones en las prisiones siguieron siendo duras y amenazantes para la vida, y las autoridades golpearon, hostigaron y formularon amenazas de muerte contra disidentes, tanto dentro como fuera de las prisiones. De los 75 activistas, periodistas, organizadores de sindicatos y figuras de la oposición, todos ellos pacíficos, arrestados y declarados culpables en el 2003, 59 seguían en prisión. Los ataques de turbas dirigidas por el gobierno contra disidentes destacados disminuyeron en número e intensidad en comparación con años anteriores, pero la tasa de arrestos y detenciones por períodos breves de ciudadanos comunes y corrientes, por expresar disidencia con el régimen, parecieron aumentar.

En Bielorrusia el gobierno autoritario de Lukashenko restringió las libertades de prensa, expresión, reunión, asociación y religión. Numerosos activistas y partidarios de la democracia fueron arrestados y declarados culpables de acusaciones políticamente motivadas. Uno de los oponentes de Lukashenko en las elecciones presidenciales del 2006, Alexander Kozulin, sigue siendo un preso político. En enero Lukashenko consolidó aún más su dominio a través de elecciones locales que no llegaron a satisfacer las normas internacionales. Por segundo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que condena la situación de los derechos humanos en Bielorrusia y solicita de la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y otras personas detenidas por ejercer o promover los derechos humanos.

El presidente autoritario Karimov y la rama ejecutiva del gobierno dominaron la vida política en Uzbekistán y ejercieron un control casi completo sobre las otras ramas. Las fuerzas de seguridad rutinariamente torturaron, golpearon y de otras maneras maltrataron a detenidos durante interrogatorios, con el fin de obtener confesiones o información que les pudiera incriminar, y se produjeron varias muertes de presos en custodia de los que se alegaba que eran miembros de organizaciones consideradas amenazantes por el régimen. En noviembre, la Comisión de las Naciones Unidas contra la Tortura concluyó que la tortura y los abusos eran sistemáticos durante todo proceso de investigación. El gobierno trató de controlar completamente todos las ONG y la actividad religiosa.

El historial de derechos humanos del gobierno de Eritrea siguió siendo deficiente. Hubo restricciones graves de las libertades de expresión, prensa, reunión, asociación y religión, particularmente de los grupos religiosos no aprobados por el gobierno. Las autoridades siguieron cometiendo numerosas violaciones graves, incluso el recorte de los derechos de los ciudadanos de cambiar su gobierno mediante un proceso democrático; las ejecuciones ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad; la tortura y palizas a presos, algunas de las cuales resultaron en muertes; el arresto y tortura de los evasores del servicio nacional, algunos de los cuales, según se informa, murieron por causas desconocidas mientras se encontraban detenidos; condiciones carcelarias severas y que constituyen una amenaza para la vida; arrestos de familiares de evasores del servicio nacional; interferencia del ejecutivo en el poder judicial; y el uso de un sistema especial de tribunales para limitar el debido proceso legal.

El historial de derechos humanos de Sudán siguió siendo horripilante, con continuos informes de ejecuciones extrajudiciales, torturas, palizas y violaciones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad gubernamentales y su milicia sustituta en Darfur. A pesar de la firma del Acuerdo de Paz para Darfur en 2006, la violencia aumentó en 2007 y la región se hundió aún más en el caos a medida que el gobierno continuaba con el bombardeo aéreo de aldeas, los grupos rebeldes se dividían y aumentaban sus ataques y se intensificaba la guerra entre tribus. Se cree que desde 2003 por lo menos 200.000 personas murieron debido a la violencia, el hambre y las enfermedades. El gobierno de Estados Unidos calificó el conflicto de genocidio y civiles inocentes siguieron sufriendo sus efectos durante el año. Al terminar el año el prolongado conflicto había convertido en desplazados internos a más de dos millones de personas, además de otras 231.000 que cruzaron la frontera con Chad, donde buscaron refugio. El gobierno obstruyó los esfuerzos internacionales para desplegar una fuerza mixta de mantenimiento de la paz de la Unión Africana (UA) y las Naciones Unidas (UN), y las fuerzas de seguridad del gobierno obstruyeron la ayuda humanitaria destinada a salvar vidas. Cada vez con más frecuencia los trabajadores de los servicios humanitarios fueron blancos de la violencia. De acuerdo con las Naciones Unidas 13 trabajadores de derechos humanos fueron muertos, 59 fueron atacados, 61 fueron arrestados y detenidos y 147 fueron secuestrados durante el año.

Algunos países autoritarios que han emprendido reformas económicas han experimentado un rápido cambio social, pero no han efectuado reformas políticas democráticas y siguen denegándoles a sus ciudadanos derechos humanos básicos y libertades fundamentales.

Por ejemplo, el historial de China en materia de derechos humanos en general siguió siendo deficiente en 2007. Se acentuaron los controles de la libertad religiosa en zonas del Tibet y en la región autónoma Uigur de Xinyiang y en Pekín empeoró el tratamiento dado a los que presentan peticiones. El gobierno siguió vigilando, hostigando, deteniendo, arrestando y apresando a activistas, escritores, periodistas, abogados defensores y a sus familias, muchos de los cuales trataban de ejercer sus derechos conforme a la ley. Aunque el gobierno emprendió algunas reformas importantes, tales como la restitución, por parte del Supremo Tribunal Popular, de la revisión de las sentencias de pena de muerte en los casos sometidos para ejecución inmediata, los esfuerzos para reformar o abolir el sistema de reeducación mediante el trabajo siguieron estancados. Ciertos nuevos reglamentos temporales mejoraron para los periodistas extranjeros las condiciones generales de la tarea informativa, pero la aplicación de estos reglamentos no fue constante, lo que entorpeció la labor de algunos periodistas extranjeros. En el año 2007 se observó un incremento de los esfuerzos para controlar y censurar Internet, y el gobierno acentuó las restricciones a la libertad de expresión y la prensa nacional. El gobierno continuó vigilando, hostigando, deteniendo, arrestando y poniendo en prisión a periodistas, escritores de Internet y bloggers o comentaristas de bitácora. Las ONG informaron que 29 periodistas y 51 disidentes cibernéticos y usuarios de Internet continuaban presos a fines de año. Hubo un aumento del 20 por ciento, en relación con el año 2006, en las sentencias de culpabilidad de ciudadanos conforme a la excesivamente amplia ley de seguridad del estado, que a menudo se usa para silenciar a los críticos del gobierno. En diciembre el bien conocido activista de derechos humanos Hu Jia fue arrestado en su casa bajo la sospecha de “incitar a la subversión contra el poder del estado”. Se informó que, al mismo tiempo, su mujer y su hija, que es una bebé, fueron emplazadas en arresto domiciliario. Las ONG, tanto locales como internacionales, tuvieron que enfrentarse a intensos escrutinios y restricciones.

Para que en cualquier democracia el progreso se efectúe y se sostenga, deben estar presentes tres elementos esenciales que se refuerzan mutuamente.

Uno: procesos electorales libres y justos. Las elecciones democráticas son hitos en un viaje hacia la democratización. Pueden ayudar a poner a un país en el camino de la reforma, echar los cimientos de la institucionalización de la protección de los derechos humanos y el buen gobierno y abrir el espacio político para la sociedad civil. Pero las elecciones libres e imparciales implican más que una emisión y recuento honestos de papeletas el día de la votación. El camino hasta la votación debe permitir una competencia real de las fuerzas pacíficas que se oponen al gobierno en el poder y el pleno respeto de los derechos fundamentales de expresión, reunión pacífica y asociación. Esto significa que a los partidos políticos se les debe permitir organizarse y presentar, a través de una prensa libre, mítines y discursos, la perspectiva que ofrecen.

Dos: Instituciones de gobierno responsables, representativas y parte del estado de derecho. Más allá de un proceso de elecciones libres y justas, las democracias deben tener instituciones de gobierno representativas, a las que se pueda pedir cuentas de su gestión, transparentes, que incluyan partidos políticos basados en ideas, no sólo en personalidades o en identificaciones tribales o étnicas, así como legislaturas y poderes judiciales independientes que puedan actuar para asegurar que los líderes que ganan elecciones democráticamente gobiernen democráticamente una vez que asuman el cargo. La aplicación del estado de derecho elaborado por representantes democráticamente elegidos debe reemplazar las culturas de corrupción. La democracia puede verse frágil en países donde las instituciones del gobierno son débiles o están exentas de controles, la corrupción predomina y no ha tenido lugar una reconciliación entre elementos étnicos o tribales o entre los que por largo tiempo han carecido de derechos y las élites acomodadas. Los países pobres que adoptan políticas de buen gobierno que promueven el crecimiento e invierten en su pueblo tienen mayores probabilidades de usar con prudencia la ayuda que reciben para su desarrollo y alcanzar sus metas de desarrollo, ganándose así la confianza y apoyo de sus ciudadanos. Un país con un gobierno responsable, representativo, que ofrece igual protección bajo la ley, es uno en el que los extremistas violentos tienen menos probabilidades de prosperar.

Y tres: sociedades civiles vibrantes, independientes, que incluyan a partidos políticos sin obstáculos, ONG y medios informativos libres. Una sociedad civil abierta y adaptable ayuda a mantener la honradez de las elecciones y los elegidos, a mantener encarrilada la construcción de la democracia y a mantener la contribución de los ciudadanos al éxito de sus países.

En Venezuela los esfuerzos de un líder que fue elegido democráticamente pero intenta socavar las instituciones democráticas e intimidar a la sociedad civil tropezaron con una resistencia vigorosa. El presidente Chávez emprendió en 2007 esfuerzos para consolidar el poder en la rama ejecutiva y debilitar las instituciones democráticas, los medios informativos independientes y la sociedad civil. Invocó una ley que permite la suspensión de las transmisiones de telecomunicación, y en mayo el gobierno rehusó renovar la licencia de difusión de Radio Caracas Televisión, lo que, en efecto, forzó a dejar de emitir al aire a una de las pocas redes que contaban con una audiencia nacional y seguían siendo independientes. El presidente Chávez propuso también cambios en la constitución que habrían extendido la duración y eliminado los límites al número de períodos presidenciales, habrían marginado a otros funcionarios elegidos, le habrían dado al presidente un mayor control sobre la economía y limitado el financiamiento extranjero de las ONG nacionales. Decenas de miles de ciudadanos se reunieron en manifestaciones públicas, en ocasiones violentas, tanto a favor como en contra de las revisiones propuestas. Los seguidores del gobierno hostigaron y trataron de intimidar a la oposición, especialmente a los estudiantes, disparando contra grupos en los mítines e hiriendo a un número no precisado de personas. Finalmente, en un referéndum celebrado en diciembre, los cambios propuestos fueron rechazados por un margen estrecho, resultado que el presidente Chávez aceptó.

Luego de las severamente viciadas elecciones de abril, hubo señales positivas de que la frágil democracia de Nigeria no había sido derrotada por el extendido fraude y los incidentes de violencia que distinguieron los comicios presidenciales legislativos y a nivel de estados celebrados en abril. En los tribunales establecidos para atender más de 1.200 peticiones que ponían en tela de juicio los resultados electorales en todos los niveles, el poder judicial reafirmó su independencia, lo que condujo a la anulación de cierto número de resultados de gobernadores y senadores. En respuesta a una fuerte presión, el gobierno creó un comité para recomendar reformas a la Comisión Nacional Electoral Independiente, cuyos demorados preparativos socavaron significativamente la credibilidad de las elecciones. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros continuó su labor de investigación de supuesta corrupción a todos los niveles de gobierno, pero la reasignación de su presidente, dispuesta a fin de año, se percibió ampliamente como un golpe a los esfuerzos contra la corrupción.

En agosto el gobierno interino de Tailandia celebró un referéndum sobre una nueva constitución – un hito importante en el regreso de Tailandia a la democracia tras el golpe de 2006. En diciembre se efectuaron elecciones parlamentarias, que se consideraron generalmente libres e imparciales, a pesar de las alegaciones de compra de votos, intimidación e irregularidades menores. Los resultados extraoficiales de la elección demostraron que el Partido del Poder Popular (PPP), había ganado una mayoría de escaños. El liderazgo del PPP estaba estrechamente afiliado al ex primer ministro Thaksin Shinawatra. A fines de año, el mayor reto que encaraba el país seguía siendo consolidar su regreso al gobierno elegido y tratar las causas subyacentes del golpe mediante el fortalecimiento del control civil de los militares; el apuntalamiento de las instituciones democráticas; la demostración de respeto a la libertad de expresión y de prensa; el logro de progresos en la investigación de las violaciones de los derechos humanos, incluyendo las muertes extrajudiciales y desapariciones durante las campañas contra la insurgencia y los narcóticos; y la lucha contra la corrupción oficial.

La violenta secuela de las arduamente disputadas elecciones presidenciales, parlamentarias y de gobiernos locales llevadas a cabo en Kenia en diciembre, sacaron a relucir debilidades fundamentales en las instituciones democráticas de Kenia, tales como la concentración de poderes en la presidencia y la necesidad reconocida de una reforma constitucional. Los observadores electorales concluyeron que, si bien la votación y el proceso de conteo de votos cumplieron en general con las normas democráticas, hubo serias irregularidades en la computación de los resultados. Turbas y policías asesinaron a una cantidad desconocida de personas de varios orígenes étnicos, y decenas de miles quedaron desplazados en diciembre durante la violencia que siguió a las elecciones.

Para la sociedad civil y los medios independientes, las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica equivalen al oxígeno. Sin estas libertades fundamentales, la democracia se ve privada de su aliento vital. Lamentablemente, en 2007 gobiernos de todas las regiones abusaron de su poder e hicieron uso indebido de la ley en contra de las ONG, periodistas y otros activistas de la sociedad civil. Además de las restricciones y/o la represión de la sociedad civil y los medios informativos previamente mencionadas en esta introducción, citamos también, a modo de ilustración, lo siguiente:

En Egipto, activistas políticos de oposición, periodistas y ONG continuaron abogando a favor de reformas y criticaron al gobierno, a pesar de los intentos gubernamentales de frustrarlos. El gobierno siguió manteniendo como preso político al ex candidato a la presidencia Ayman Nour, acusando a periodistas de difamación, deteniendo a bloggers de Internet y restringiendo significativamente la libertad de asociación. En septiembre, siete editores de periódicos independientes fueron declarados culpables de acusaciones que iban desde citar erróneamente al ministro de Justicia hasta difamar al presidente y a altos funcionarios del oficialista Partido Demócrata Nacional. Durante el año, la policía detuvo a varios bloggers activos en Internet, durante períodos de varios días. En septiembre el gobierno ordenó la clausura de una ONG, la Asociación de Ayuda Legal para los Derechos Humanos, por aceptar fondos de donantes extranjeros sin la aprobación del gobierno; la organización había desempeñado un papel en la revelación de varios casos de tortura cometidos por personal de seguridad.

Durante el año, el alcance de la libertad de los medios informativos en Azerbaiyán se deterioró significativamente. Los observadores consideraron que las declaraciones de culpabilidad y el encarcelamiento de ocho periodistas ese año, y de un periodista que estaba en prisión desde el año 2006, tuvieron motivos políticos. (Siete de estos periodistas fueron luego puestos en libertad en 2007. Los otros dos siguen en prisión). Otro periodista cuyo arresto se consideró políticamente motivado seguía en detención previa al juicio. Dos periódicos que el gobierno suspendió en mayo seguían cerrados a fines de año. Aumentó la cantidad de demandas por difamación que amenazan la viabilidad financiera de los medios impresos. Los periodistas han seguido sujetos a hostigamiento, amenazas y actos de violencia física que parecían estar conectados con sus críticas al gobierno o a funcionarios públicos específicos.

En Ruanda la libertad de prensa declinó cuando el gobierno puso en vigor leyes excesivamente amplias y vagamente definidas. Hubo crecientes ocasiones en las que el gobierno hostigó, declaró culpables, multó e intimidó a periodistas independientes que expresaron puntos de vista que se consideraron críticos del gobierno sobre asuntos delicados, o que se creyó que habían violado la ley o las normas periodísticas vigiladas por un consejo regulador semi independiente. Numerosos periodistas se autocensuraron.

En Vietnam la actividad de las ONG se mantuvo limitada debido a que el gobierno vigila estrechamente las organizaciones. La sociedad civil quedó constreñida por la continua represión gubernamental de los disidentes, lo cual resultó en el arresto de varios activistas de derechos humanos y democracia y en la interrupción de organizaciones de oposición nacientes, lo que hizo que varios disidentes huyeran del país. El gobierno y las organizaciones de masas controladas por el Partido Comunista monopolizaron todos los medios impresos, de radiodifusión y electrónicos y bloquearon una variedad de sitios en la Web que se ocupan de noticias internacionales y derechos humanos. Sin embargo, algunas organizaciones mediáticas empujaron cada vez más lejos los límites de la censura.

En Túnez, a lo largo del año el gobierno siguió intimidando, hostigando, arrestando, encarcelando y atacando físicamente a periodistas, líderes sindicales y aquellos que trabajan con ONG. El gobierno también siguió imponiendo restricciones al financiamiento con fondos extranjeros de organizaciones no aprobadas por el gobierno. El escritor y abogado Mohammed Abbou, hecho prisionero en 2005 por colocar en Internet artículos que criticaban al presidente Ben Ali, fue puesto en libertad, pero no se le permite viajar fuera del país.

En Kazajstán los canales de difusión de los medios de tendencia a la oposición siguieron enfrentándose al hostigamiento gubernamental, incluyendo investigaciones específicas en materia tributaria y reguladora, a presión indebida sobre las compañías de prensa y al alegado bloqueo de sitios Web. En noviembre el gobierno se comprometió públicamente a reformar su ley electoral con ayuda de la OSCE, a liberalizar los requisitos de inscripción de partidos políticos y a enmendar la ley de medios informativos, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OSCE para reducir la responsabilidad penal de la difamación a través de los medios y liberalizar los procedimientos de inscripción de los medios.

Si bien los desafíos siguen siendo formidables, 2007 fue testigo de esfuerzos internacionales concertados a niveles mundial y regionales, en apoyo de los derechos humanos y la democracia:

Resoluciones que se refieren específicamente a determinados países, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, condenaron la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Belarús, Irán y Birmania, y las obligaciones de los gobiernos de proteger y fomentar los derechos humanos y las libertades democráticas sigue siendo uno de los temas centrales dentro de la Tercera Comisión de la Asamblea.

La brutal represión por parte del régimen birmano de las manifestaciones pacíficas de monjes y partidarios de la democracia provocó una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en otros casos con fallos y contraproducente; así como la aprobación en octubre de una Declaración Presidencial que solicita la pronta liberación de todos los presos políticos, la “creación de las condiciones necesarias de un diálogo auténtico con Daw Aung San Suu Kyi y todas las partes y grupos étnicos a los que concierne”, y de “todas las medidas necesarias para atender las cuestiones políticas, económicas, humanitarias y de derechos humanos que le interesan a su pueblo”.

El desafío de proteger y adelantar los derechos humanos y los principios democráticos en todo el mundo requiere enfoques innovadores.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, propuesto por el presidente Bush en su discurso ante la Asamblea General en 2004, sigue creciendo a pasos agigantados. Para fines de 2007, el fondo tenía un total de 36 millones de dólares e incluía proyectos que iban siendo identificados para una segunda vuelta de otorgamiento de donaciones. La cantidad de propuestas presentadas aumentó de 1.300 en 2006 a 1.800 en 2007. Una de las prioridades fue financiar proyectos en apoyo de los esfuerzos de las ONG en las democracias emergentes, tales como el Centro Internacional para la Transición Democrática, en Hungría, y para apoyar la participación civil en la Iniciativa del Gran Medio Oriente y el Norte de África.

La cuarta reunión ministerial de la Comunidad mundial de Democracias tuvo lugar en Bamako, Mali, en noviembre, y exploró la relación recíproca entre la democracia y el desarrollo. Los ministros decidieron crear un Secretariado Permanente y publicaron la Declaración de Bamako que destaca la función esencial de la sociedad civil en la promoción de la democracia.

Las organizaciones a nivel regional también avanzaron a grandes pasos en la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para llevar a la práctica sus compromisos de derechos humanos de un modo más efectivo.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) puso en acción una red de 100 ejercientes de la democracia con experiencia en los temas de reforma legal, judicial, y electoral y participación ciudadana. Esta red ayudará a los gobiernos elegidos de la región a responder a los desafíos del gobierno democrático.

La Unión Africana (UA) continuó desarrollando organismos y mecanismos para llevar adelante su programa de derechos humanos y democracia, incluida la aprobación en enero de la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad. La carta incluye los compromisos de los gobiernos africanos en materia de pluralismo político, elecciones libres e imparciales, así como el estado de derecho y el buen gobierno.

Inspiradas por la Comunidad de Democracias, la OEA y la UA se reunieron en Washington en julio para crear el Puente a la Democracia OEA-UA. A través del Puente compartirán las prácticas óptimas y lecciones aprendidas con miras a aplicar sus respectivas cartas democráticas y fortalecer las instituciones democráticas en ambas regiones.

En su reunión de noviembre en Singapur, los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) aprobaron una nueva carta que propone la creación de un organismo de derechos humanos y autoriza a los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN a determinar los términos de referencia del organismo.

En el Gran Medio Oriente y el Norte de África, los grupos no gubernamentales continuaron con sus actividades relacionadas con el Foro del Futuro, que culminó con el Foro Paralelo de la Sociedad Civil en Sanaa, Yémen, en diciembre. El encuentro reunió a más de 300 líderes de la sociedad civil de toda la región. Los participantes emitieron un informe que identifica los puntos de referencia de la reforma y establece planes de acción para el 2008 con fines de tratar los temas críticos de la libertad de expresión y la concesión de facultades políticas a la mujer.

La OSCE, pionera regional en el establecimiento de normas y la creación de instituciones en el campo de los derechos humanos y la democracia, resistió los esfuerzos constantes de algunos de los estados participantes con el propósito de disminuir la integridad de la observación electoral tal como la lleva a cabo su Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos. Al decidir no aceptar la invitación del gobierno ruso, fuertemente condicionada, de observar las elecciones parlamentarias en diciembre, la OSCE defendió el principio de la observación electoral sin obstáculos y con credibilidad por parte de cuerpos independientes.

Los esfuerzos de Estados Unidos para promover los derechos humanos y las libertades democráticas en todo el mundo reflejan los valores centrales del pueblo estadounidense. Adelantan también nuestros intereses principales. Como ha dicho el presidente Bush: “La libertad es el derecho no negociable de todo hombre, mujer y niño, y el camino hacia la paz perdurable en nuestro mundo es la libertad”.

Unimos nuestros valores con nuestros intereses cuando trabajamos en asociación con las democracias hermanas y los defensores de los derechos humanos para construir sistemas democráticos y exponer abusos, para promover la tolerancia y proteger los derechos de las minorías étnicas y religiosas y los derechos de los trabajadores, para promover la igualdad de derechos para la mujer y para detener la trata de seres humanos. Nuestros valores y nuestros intereses nunca están mejor sincronizados que cuando apoyamos el desarrollo de sociedades civiles vibrantes, independientes, cuando trabajamos para asegurar que haya elecciones libres e imparciales y para fortalecer las democracias basadas en el derecho. Cuando quiera que los defensores de los derechos humanos son blanco de la represión, nuestros valores, que por largo tiempo hemos contemplado, y nuestros intereses a largo plazo están mejor servidos cuando demostramos, con palabras y con hechos, nuestra permanente solidaridad con ellos.

(termina el texto)