Estados Unidos es,
y siempre ha sido, un país de inmigrantes. Creo que
las crónicas sobre inmigración a los Estados
Unidos no están completas a menos que cuenten la
otra parte importante de la historia. Todos los años
aproximadamente un millón de inmigrantes legales
decide establecer su hogar en los Estados Unidos, entre
ellos, muchos uruguayos. Es más, al menos 10% de
nuestros ciudadanos nacieron en el exterior. No hay otro
país en el mundo que acepte tantas personas provenientes
de otros lados. Las estadísticas demuestran que entre
los ciudadanos más exitosos siempre hay inmigrantes
y por ello, nosotros apreciamos su aporte.
No es lógico decir que las leyes
de inmigración de Estados Unidos son injustas y restrictivas
cuando dan cabida a un millón de inmigrantes legales
cada año. Todos los países tienen el derecho
de decidir quién debe o no vivir dentro de sus fronteras
y no recuerdo un estado soberano que no tenga leyes que
regulen la inmigración. Como en muchos países
nosotros penalizamos a los que se quedan en forma ilegal
o cruzan nuestras fronteras diciendo ser turistas, cuando
en realidad están intentando quedarse a vivir o trabajar
violando nuestras leyes.
Los asuntos de inmigración están
entre los más complejos que enfrentamos, en parte,
por el impacto de los inmigrantes en nuestra vida diaria.
Por ejemplo, como muchos inmigrantes no hablan inglés
las ciudades en Estados Unidos difunden información
importante en varios idiomas. Es habitual que nuestras municipalidades
traduzcan reglamentos electorales o de conducción
de automóviles al español, chino o camboyano
para que los inmigrantes de esos países puedan disfrutar
al máximo de los derechos y privilegios disponibles
para ellos como ciudadanos de Estados Unidos o residentes
legales.
Frecuentemente, los distritos escolares
en Estados Unidos requieren capacitación en otros
idiomas además del inglés. En algunos de ellos,
los hospitales deben contar con intérpretes en idiomas
extranjeros para asegurar a sus pacientes que tomen las
decisiones apropiadas en cuanto a lo médico. Nuestras
cortes se reservan el derecho de rechazar acusaciones contra
delincuentes que no hablan inglés y no se les puede
informar en su idioma cuáles son sus derechos. A
pesar de que estos son gastos menores, cuando se comparan
los beneficios que la inmigración brinda a nuestro
país, esos derechos y privilegios tienen un costo
elevado para nuestros gobiernos y comunidades.
La decisión de un joven o una joven
de dejar su hogar y emigrar a un país extranjero
es tal vez la decisión más difícil
que tomará en su vida. Por razones económicas,
la emigración obliga a los padres a vivir a miles
de kilómetros de sus hijos y hace que sus integrantes
se separen durante años o tal vez para siempre. En
el corto plazo, el país de origen recibe beneficios
tales como el dinero que el inmigrante envía a su
familia. Sin embargo, ningún país puede crecer
si sus ciudadanos más talentosos y trabajadores están
obligados a irse.
Los gobiernos deben trabajar junto al sector
privado para ayudar a sus ciudadanos a evitar estas situaciones
y generar buenos empleos en su país. En un país
como Uruguay, privilegiado por sus recursos naturales y
por una población con buen nivel de instrucción,
estas metas se pueden lograr a través de iniciativas
que apoyen la apertura de mercados y la inversión
internacional.
Desde que fue elegido por primera vez en
el 2001, el Presidente Bush ha avanzado enérgicamente
con su agenda de inmigración, cuyo objetivo es reunir
a empleadores que necesitan personal con los inmigrantes
deseosos de ocupar puestos de trabajo, para los cuales no
hay suficientes ciudadanos estadounidenses disponibles.
Las propuestas del Presidente apuntan a
tener en cuenta, al mismo tiempo, la presencia de millones
de trabajadores indocumentados que viven ilegalmente en
Estados Unidos con la necesidad fundamental de mantener
nuestro país seguro y libre de aquellos que nos quieren
hacer daño. Confío en que el Presidente, conjuntamente
con el Congreso de los Estados Unidos, tenga éxito
en el logro de estos objetivos antes de finalizar su período
de gobierno.
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