La República Oriental del Uruguay,
con una población de aproximadamente 3,2 millones
de habitantes, es una república constitucional con
un presidente elegido y un parlamento integrado por dos
cámaras. En octubre de 2004, en elecciones libres
y justas, Tabaré Vázquez, líder de
la coalición Frente Amplio (FA) obtuvo el mandato
presidencial de 5 años. Las autoridades civiles mantuvieron,
en general, el control efectivo de las fuerzas de seguridad.
En general, el gobierno respetó los
derechos de sus ciudadanos. Aunque el gobierno adoptó
medidas concretas para reducir la sobrepoblación
de cárceles y reparar las instalaciones dañadas,
las duras condiciones carcelarias siguen siendo un problema.
La violencia contra las mujeres y la discriminación
contra algunos grupos sociales continuaron desafiando las
políticas de no discriminación del gobierno.
Los casos de los que se tiene conocimiento parecen indicar
que hubo trata de personas.
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Sección 1 Respeto
por la integridad de la persona, inclusive ausencia de:
a. Casos de muerte arbitraria o ilegítima
No hubo denuncias de que el gobierno o sus
agentes cometieran asesinatos arbitrarios o ilegales.
El gobierno continuó investigando
las graves violaciones de los derechos humanos cometidas
durante la dictadura militar entre 1973 y 1985. En noviembre,
el ex presidente Juan Maria Bordaberry y ex canciller Juan
Carlos Blanco fueron procesados por el homicidio de cuatro
opositores al régimen militar en 1976. Bordaberry
y Blanco apelaron la sentencia y el caso seguía pendiente
a fin de año.
b. Desaparecidos
No ha habido denuncias de personas desaparecidas
por motivos políticos.
c. Tortura y otros casos de tratamiento
o castigo cruel, inhumano o degradante
La ley prohíbe estas prácticas,
y no hubo denuncias de que oficiales de gobierno las emplearan.
Es cometido del Poder Judicial y del Parlamento investigar
acusaciones concretas de abuso. Un comisionado de cárceles
del gobierno informó que la nueva capacitación
ofrecida a los guardias carcelarios redujo ciertas formas
de abuso. A pesar de estos esfuerzos, muchos prisioneros
permanecieron en celdas superpobladas durante 23 horas o
más al día; la violencia entre prisioneros
continuó. Los detenidos casi nunca presentan quejas,
pero el gobierno investigó las que fueron presentadas.
Condiciones de las prisiones y centros
de detención
Las condiciones de las prisiones no fueron
buenas, ya que las envejecidas instalaciones no fueron mantenidas
adecuadamente. Hubo menos denuncias de abuso de prisioneros
que en años anteriores. Los grupos de derechos humanos
reclamaron y los funcionarios del gobierno concuerdan en
que la alimentación, la ropa de cama y vestimenta
eran de baja calidad e insuficiente cantidad, y que el acceso
a la atención médica, recreación y
capacitación eran insuficientes.
La sobrepoblación continuó
debido a problemas presupuestarios y las estrictas normas
sobre condenas mínimas. Un alto índice de
reincidencia y el arresto de un gran número de culpables
de un delito por vez primera contrarrestaron el programa
de liberación anticipada que comenzó en 2005.
La sobrepoblación afectó las condiciones de
salubridad, provocando problemas sociales y de salud en
la mayoría de las cárceles. Las renovaciones
comenzaron en la prisión de máxima seguridad,
Libertad, y de acuerdo con el organismo gubernamental de
control de cárceles, el gobierno reparó 800
celdas. Él gobierno también comenzó
la construcción de celdas para aproximadamente 200
prisioneros más en todo el sistema carcelario. El
gobierno continuó alojando algunos prisioneros en
contenedores de embarque modificados; estas celdas carecían
de agua corriente y plantearon problemas sanitarios.
Además de la sobrepoblación, el sistema penal
sufrió de insuficiente personal y corrupción.
Las autoridades no siempre separaron a los prisioneros de
acuerdo con la gravedad de sus delitos. Se ingresaban ilegalmente
narcóticos y teléfonos celulares a las cárceles,
presuntamente mediante soborno a los guardias. Los oficiales
de las cárceles adoptaron medidas para regularizar
la visita de familiares, pero continuaron los problemas
de acceso.
Las prisioneras fueron mantenidas en instalaciones
separadas de los prisioneros con la excepción de
la cárcel de Artigas, en donde las mujeres fueron
alojadas en un local separado dentro de la misma cárcel.
En general, las condiciones para las prisioneras fueron
significativamente mejores que para los prisioneros debido
a la reducida población y a la disponibilidad de
oportunidades de capacitación y educación.
El Instituto del Niño y Adolescente
de Uruguay (INAU) dirigió instituciones para alojar
a menores detenidos. Los jóvenes que cometieron delitos
graves fueron encarcelados en centros de detención
juvenil, que se asemejan a las cárceles tradicionales
con celdas. Las condiciones en algunos de estos locales
fueron tan malas como en las cárceles para adultos,
permitiéndose a algunos jóvenes salir de sus
celdas solamente una hora por día.
Los jueces enviaron a la mayoría
de los delincuentes juveniles a centros de reinserción
cuya finalidad es la rehabilitación. Estos centros
ofrecieron oportunidades educativas, de enseñanza
técnica y otras, y los residentes podían entrar
y salir sin restricciones.
Los detenidos que se encontraban a la espera
del juicio estuvieron recluidos junto a los prisioneros
que ya tenían condena.
El gobierno permitió visitas generales
de cárceles a observadores independientes de derechos
humanos, así como la visitas de prisioneros y visitas
por parte de diplomáticos extranjeros.
d. Arresto o detención arbitraria
La ley prohíbe el arresto y detención
arbitrarios y el gobierno, en general, respetó estas
prohibiciones en la práctica. La ley exige a la policía
contar con una orden escrita expedida por un juez antes
de hacer un arresto (salvo cuando la policía aprehende
al acusado durante la comisión de un delito), y las
autoridades, en general, respetaron esta disposición
en la práctica.
Función de la policía
y aparato de seguridad
El Ministerio del Interior administra la
Policía Nacional y el sistema carcelario, y es responsable
de la seguridad interna y seguridad pública. La Policía
Nacional tiene una estructura jerárquica: Jefe de
Policía, Director de la Unidad de Inteligencia, y
Director de la Unidad de Drogas, que informan al Subsecretario
del Interior.
Una unidad de investigación policial
interna recibe quejas de cualquier persona sobre el posible
abuso ilegal del poder policial; sin embargo, careció
de suficiente personal y solo pudo hacer recomendaciones
para que se tomaran medidas disciplinarias. Las autoridades
del Ministerio del Interior actuaron de inmediato ante acusaciones
de presunta brutalidad policial. Los oficiales policiales
acusados de delitos menos graves pueden continuar en servicio
activo; los acusados de delitos más graves son separados
del servicio activo hasta que el juzgado resuelva su caso.
La ley estipula el uso proporcional de la fuerza por parte
de la policía y el uso de armas solamente como último
recurso. Esta ley fue respetada en la práctica. La
policía no pudo prevenir la violencia durante dos
protestas laborales realizadas en el año porque el
nuevo gobierno no había definido claros procedimientos
policiales para incidentes de esta naturaleza.
Arresto y detención
La ley dispone que el detenido tiene derecho
a una pronta decisión judicial sobre la legalidad
de la detención, que no siempre se respeta, y exige
que la autoridad que hace la detención explique los
motivos legales de la misma. La policía puede mantener
a un detenido incomunicado durante 24 horas antes de presentar
el caso ante un juez, momento en el que el detenido tiene
derecho a defensor. La ley estipula que las confesiones
obtenidas por la policía antes de que un detenido
comparezca ante un juez y defensor (sin la presencia de
la policía) carecen de validez. Además, el
juez debe investigar cualquier reclamación del detenido
por maltrato.
Si el detenido no puede pagar a un abogado,
el juzgado designa a un defensor de oficio. Los jueces casi
nunca conceden libertad bajo fianza a personas acusadas
de delitos con penas de por lo menos dos años de
prisión. Entre el 60 y el 65% de todas las personas
encarceladas estaban a la espera de una decisión
definitiva sobre su caso. Debido a que estos procedimientos
se aplicaron solamente a las causas más graves, la
mayoría de las personas que enfrentan cargos no fueron
encarceladas. Algunos detenidos permanecen años en
prisión a la espera del juicio, y la incertidumbre
y el tiempo de detención contribuyeron a la tensión
en las cárceles.
e. Denegación de juicio público
justo
La Constitución prevé un Poder
Judicial independiente, y el gobierno, en general, respetó
esta disposición en la práctica.
La Suprema Corte encabeza el sistema judicial
y supervisa el trabajo de los tribunales y juzgados. Los
juicios penales se realizan en los juzgados de primera instancia.
Las partes demandantes tienen derecho de apelar ante el
Tribunal de Apelaciones, pero no ante la Suprema Corte.
Un sistema militar paralelo funciona bajo el Código
de Justicia Militar. Dos jueces militares están presentes
en la Suprema Corte y participan solo en los casos que afecten
a los militares. La justicia militar se aplica a los civiles
solamente durante el estado de guerra o insurrección.
Procedimientos judiciales
Los procedimientos judiciales consisten
en alegatos escritos al juez, que normalmente no se hacen
públicos. Solamente el juez, el fiscal y el defensor
tienen acceso a todos los documentos que forman parte del
expediente escrito. Los grupos de derechos humanos denunciaron
cierta dificultad en mantener la reserva entre el cliente
y el defensor. Los jueces tienen la opción de oír
alegatos orales. La mayoría de los jueces optan por
el método escrito, factor principal que enlentece
el proceso judicial. Los acusados gozan de la presunción
de inocencia. El defensor o el fiscal pueden apelar las
sentencias ante un tribunal superior, que puede absolver
a la persona del delito, confirmar la sentencia, o reducir
o aumentar la condena.
Detenidos y prisioneros políticos
No ha habido informes de prisioneros o detenidos
por razones políticas.
Procedimientos judiciales civiles y
recursos
Las reclamaciones de abuso contra agentes
del gobierno son manejadas a través de procedimientos
administrativos transparentes. Un poder judicial independiente
e imparcial conoce de las causas civiles, pero sus decisiones
no se hicieron cumplir eficazmente. La policía local
no dispuso de la capacitación y personal para hacer
cumplir las prohibiciones judiciales.
f. Interferencia arbitraria con la privacidad,
familia, hogar o correspondencia
La ley prohíbe dichas prácticas,
y el gobierno, en general, respetó estas prohibiciones
en la práctica.
Sección 2 Respeto
de las libertades civiles, incluso:
a. Libertad de expresión y de prensa
La ley establece la libertad de expresión
y de prensa, y el gobierno, en general, respetó estos
derechos en la práctica. Una prensa independiente,
un poder judicial eficaz y un sistema político democrático
en vigencia se aunaron para asegurar la libertad de expresión
y de prensa.
Libertad en Internet
No hubo restricción por parte del
gobierno con respecto a Internet; tampoco hubo informes
de que el gobierno controlara el correo electrónico
o los “chatrooms” de Internet. Las personas
y grupos pudieron expresar pacíficamente sus opiniones
a través de Internet, incluso por correo electrónico.
Libertad académica y eventos
culturales
No hubo restricciones del gobierno con respecto
a la libertad académica o eventos culturales.
b. Libertad de reunión pacífica
y asociación
La ley establece la libertad de reunión
y asociación, y el gobierno, en general, respetó
estos derechos en la práctica.
c. Libertad de culto
La ley establece la libertad de culto y
el gobierno, en general, respetó este derecho en
la práctica.
Abusos y discriminación sociales
Los líderes de la comunidad judía
informaron que funcionarios del gobierno y la sociedad en
general respetaron a los miembros de su comunidad, cuyo
número asciende a aproximadamente 25.000 mil. Durante
el año, líderes judíos observaron un
aumento importante de la cantidad de graffiti antisemita
en todo el país. Líderes locales informaron
que la policía cooperó eficazmente para investigar
estos incidentes. Se cometió un acto de vandalismo
contra un cementerio judío en la capital y, por primera
vez, aparecieron graffiti antisemitas en la segunda ciudad
más grande del país. En el mes de setiembre,
cuatro personas fueron arrestadas en relación con
los graffiti antisemitas. Las autoridades todavía
no habían resuelto el caso a fines del año.
Por un análisis más detallado,
véase el Informe
Internacional de Libertad de Culto de 2006.
d. Libertad de movimiento dentro del país,
viaje al exterior, emigración y repatriación
La ley establece estos derechos, y el gobierno,
en general, los respetó en la práctica.
La ley dispone que en casos extremos de
emergencia nacional, se puede dar la opción a una
persona de abandonar el país como alternativa a un
juicio o prisión; sin embargo, esta opción
no se ha ejercida por lo menos durante las últimas
dos décadas.
Protección de refugiados
La ley establece la concesión del
estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención
relativa al Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas
de 1951 y su protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido
un sistema para proporcionar protección a los refugiados.
En la práctica, el gobierno dio protección
con respecto a la devolución de personas a un país
donde temían ser perseguidos. El gobierno concedió
estatuto de refugiado y concede asilo solamente por delitos
políticos según establece el Tratado de La
Habana de 1928, el Tratado de Montevideo de 1889 y la Convención
de Caracas de 1954. Durante el año, el Gobierno aceptó
a 120 refugiados con fines de reasentamiento. El gobierno
cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones
humanitarias asistiendo a refugiados y a quienes procuraron
asilo.
Sección 3 Respeto
por los derechos políticos El derecho de los ciudadanos
de cambiar su gobierno
La ley establece el derecho de los ciudadanos
de cambiar su gobierno en forma pacífica, y los ciudadanos
ejercieron este derecho en la práctica a través
de elecciones periódicas, libres y transparentes
celebradas sobre la base del sufragio universal.
Elecciones y participación política
En octubre de 2004, Tabaré Vázquez,
de la coalición Frente Amplio (FA), ganó el
mandato presidencial de cinco años en elecciones
libres y transparentes. El FA ganó 16 de las 30 bancas
del Senado y 52 de las 99 bancas de la Cámara de
Representantes. El Presidente Vázquez asumió
el mando el 1º de marzo de 2005.
Las mujeres participaron activamente en
el proceso político y en el gobierno, aunque fundamentalmente
en los niveles medio y bajo. Cuatro de los 30 senadores
y 11 de los 99 diputados fueron mujeres. Tres de los 13
ministros que componen el gabinete eran mujeres. Hay un
afro-uruguayo entre los 99 diputados.
Corrupción y transparencia en
el gobierno
Hubo denuncias aisladas de corrupción
en el gobierno durante el año.
Aunque no hay una ley general de divulgación
de información, el gobierno exige a todas las dependencias
gubernamentales a presentar regularmente informes públicos.
Todos los organismos cumplieron con estos requisitos de
presentación de informes.
Sección 4 Actitud
del gobierno con relación a la investigación
internacional y no gubernamental de presuntas violaciones
de los derechos humanos
Una serie de grupos nacionales e internacionales
de derechos humanos actuaron, en general, sin restricción
por parte del gobierno, investigando y publicando los resultados
de sus investigaciones sobre casos de derechos humanos.
En general, los funcionarios gubernamentales cooperaron
y fueron receptivos a sus opiniones.
Sección 5 Discriminación,
abusos y tráfico de personas
La ley prohíbe la discriminación
basada en raza, género, religión o incapacidad.
Sin embargo, existió discriminación social
contra algunos grupos.
Mujeres
La violencia contra las mujeres continuó
siendo un problema importante. La organización no
gubernamental (ONG) Comisión Nacional de Seguimiento-Mujeres
para la Democracia, Igualdad y Ciudadanía informó
que una mujer moría cada nueve días como resultado
de violación o violencia doméstica. La ley
establece penas de 6 meses a 2 años de prisión
para la persona que es declarada culpable de cometer un
acto de violencia o de hacer amenazas continuas de causar
lesiones corporales a personas relacionadas emocional o
legalmente con el autor del delito. Sin embargo, la mayor
parte de los seis mil casos de violencia doméstica
de este año fueron resueltos en juzgados civiles.
Con frecuencia, los jueces en esos casos emitieron órdenes
de restricción que fueron de difícil cumplimiento.
En muchos casos, la justicia no aplicó sanciones
penales.
La empresa telefónica estatal ofreció
una línea pública directa gratuita a nivel
nacional atendida por empleados capacitados de organizaciones
no gubernamentales para víctimas de violencia doméstica.
Una dirección dentro del Ministerio del Interior
coordinó centros de asistencia comunitaria donde
las víctimas de abuso recibieron información
y fueron derivadas a organizaciones de gobierno o privadas
para recibir asistencia. Tanto el Ministerio del Interior
como diferentes ONG atendieron centros en que las mujeres
sometidas a abusos y sus familias pudieron buscar refugio
provisorio.
La ley penaliza la violación, incluso
la violación a nivel conyugal. Durante el año,
la policía recibió 805 acusaciones de violación
a nivel nacional, con un número no determinado de
violaciones conyugales que, de acuerdo con la policía,
fueron frecuentes. Las autoridades consideraron que las
víctimas no denunciaron dichos incidentes porque
no comprenden sus derechos y por temor al estigma social.
La prostitución es legal para personas mayores de
18 años, y fue visible en las ciudades más
grandes y centros turísticos. No se conocieron denuncias
de abuso policial cometido contra personas que ejercen la
prostitución. El tráfico de mujeres para la
prostitución fue un problema (ver Parte 5, Tráfico).
La ley prohíbe el acoso sexual en
el lugar de trabajo y lo castiga con multas o prisión.
Sin embargo, se presentaron pocas quejas de esta naturaleza,
circunstancia que se atribuyó a una falta de comprensión
de sus derechos por parte de las mujeres.
En el sistema judicial, las mujeres gozaron
de los mismos derechos que los hombres, incluso los derechos
contemplados por la ley de familia y de bienes. Sin embargo,
enfrentaron la discriminación proveniente de actitudes
y prácticas tradicionales; nunca han existido litigios
por discriminación de género. Hubo algunos
casos de segregación por género en la fuerza
laboral. Las mujeres constituyeron casi la mitad de la fuerza
laboral, pero con una tendencia a estar concentradas en
los puestos de trabajo que perciben remuneraciones más
bajas; el promedio de sus salarios fue dos tercios de los
de los hombres. Con frecuencia, las mujeres siguieron carreras
profesionales, y aproximadamente el 60 por ciento de los
estudiantes de la universidad pública fueron mujeres.
Niños
El gobierno se comprometió a proteger
los derechos y bienestar de los niños y considera
la educación y la salud de los niños con el
grado más alto de prioridad. El INAU supervisa la
implementación de los programas de gobierno destinados
a los niños. El gobierno dispuso la educación
obligatoria y gratuita a nivel preescolar, primario y secundario,
y el 95 por ciento de los niños culminaron su educación
primaria. Las niñas y niños reciben igual
tratamiento. La universidad nacional dispone de educación
gratuita hasta la finalización del nivel universitario.
La atención médica fue gratuita
para todos los ciudadanos.
No existe patrón social de abuso
de niños.
Aunque hubo pocas estadísticas confiables,
las encuestas y arrestos indicaron que la explotación
de niños para la prostitución fue un problema
(ver Parte 5, Tráfico).
Tráfico de personas
Si bien las leyes prohíben la trata
de menores y los abusos relacionados con la trata dentro
del país, no incluyen disposiciones especiales que
contemplen el transporte de personas a través de
fronteras internacionales. Existieron algunas pruebas de
trata de personas desde y dentro del país.
El país fue fuente, destino y punto
de tránsito para la trata de personas, y la trata
interna fue un problema; sin embargo, no se dispuso de información
en cuanto al alcance de la trata de personas. Según
se informó, la trata de personas ocurrió fundamentalmente
hacia y desde Argentina y Brasil, a través de fronteras
terrestres con pocos controles. Sobre la base de casos de
los que se tiene conocimiento, el gobierno y expertos de
ONG estimaron que se traficaron aproximadamente 100 personas
en el país durante el año, pero no se contó
con estimaciones confiables sobre el número de mujeres
que trabajaron como prostitutas en el exterior (en general,
en Europa, Australia, Argentina y Brasil) o en la proporción
en que, mediante fraude, se las indujo a realizar ese trabajo
o que estuvieron sujetas a condiciones que se asemejaban
a la servidumbre. Algunos ciudadanos extranjeros ingresaron
al país para dedicarse a la prostitución.
Los oficiales de gobierno consideraron, a partir de información
de la que se tiene conocimiento, que la trata afectó
mayormente a mujeres entre los 18 y 24 años de edad.
De acuerdo con fuentes policiales, la explotación
sexual comercial de mujeres y niños se verificó
mayormente en los departamentos fronterizos con Brasil.
Fue también motivo de preocupación la existencia
de posibles círculos de prostitución infantil
en Montevideo y en las zonas balnearias de Punta del Este
y Maldonado, en los que pueden estar involucrados taxistas
y personal de hoteles. Hubo informes aislados de prostitución
de varones. Fuentes policiales indicaron que los traficantes
a menudo cometen otros delitos transfronterizos, como contrabando
de drogas. Organizaciones no gubernamentales de derechos
del niño recibieron denuncias de que los menores
recurrían a la prostitución para sobrevivir
o para ayudar a sus familias. El INAU estimó que
el 90% de los menores que ejercía la prostitución
lo hacía para ayudar a sus familias que permitían
o promovían activamente esa actividad.
Las leyes penalizan la trata de menores
y prevén sanciones que van de 6 meses de prisión
a 12 años de penitenciaría. Ninguna ley prohíbe
expresamente la trata de adultos. En años anteriores,
los traficantes sospechosos han sido sometidos a la justicia
acusados de corrupción, conspiración, fraude
y otros delitos graves. Es cometido fundamental del Ministerio
del Interior investigar los casos de trata y llevar una
base de datos de todas las actividades relacionadas con
la trata de personas. Las autoridades respondieron en forma
inmediata al único caso de trata que salió
a la luz durante el año.
La Comisión Interdepartamental para
la Prevención y Protección de Niños
contra la Explotación Sexual continuó trabajando
con el INAU para proteger a las víctimas y testigos,
pero informó sobre la falta de recursos para lograr
cumplir estos objetivos.
El INAU suministró fondos a un número
de ONG que tienen programas para asistir a los niños
sin hogar y víctimas de la trata. Un número
de ONG ofrecieron tratamiento a víctimas de la trata
y otras brindaron refugio, alimentos o educación.
El Ministerio de Educación produjo
anuncios de servicio público para prevenir la trata
de personas. Los anuncios fueron transmitidos por la televisión
nacional. El gobierno difundió información
y capacitó a algunas fuerzas policiales en la nueva
legislación sobre combate a la trata de personas.
Personas con discapacidades
La ley prohíbe la discriminación
contra personas con discapacidades, pero el gobierno no
hizo cumplir estas disposiciones eficazmente. Las entidades
locales carecieron de recursos para ofrecer espacios para
los discapacitados. Con frecuencia, las personas con discapacidades
experimentaron discriminación en el empleo a pesar
de los esfuerzos del gobierno para ayudar en los casos individuales.
El gobierno no hizo discriminación contra personas
con discapacidad y prestó servicios adicionales de
acuerdo con los recursos; sin embargo, existieron dificultades
en el transporte que impidieron a algunas personas a acceder
a estos servicios.
Una comisión nacional para discapacitados
supervisa la implementación de una ley sobre los
derechos de las personas con discapacidades. La ley exige
el fácil acceso para personas discapacitadas a nuevos
edificios o servicios públicos; sin embargo, la ley
no se aplicó en forma sistemática. La ley
reserva un 4 por ciento de los puestos de trabajo del sector
público para personas con discapacidades, pero la
cuota no fue llenada. El país tiene un sistema, en
general, excelente de salud mental e interés en los
derechos de las personas con discapacidad mental.
Minorías nacionales/raciales/étnicas
La minoría afro-uruguaya del país,
estimada en casi el 6 por ciento de la población,
continuó enfrentando discriminación social.
La organización no gubernamental Afro Mundo denunció
que un mayor porcentaje de afro-uruguayos trabajaron como
obreros no calificados que miembros de otros grupos en la
sociedad, a pesar de tener niveles de educación equivalentes.
Los afro-uruguayos prácticamente no estuvieron representados
en los sectores burocráticos y académicos,
o en los niveles medio y superior de las empresas del sector
privado.
Sección 6 Derechos
de los trabajadores
a. El derecho de asociación
La ley promueve la constitución de
sindicatos y la creación de órganos de arbitraje,
y protege a los líderes sindicales y negociadores
contra discriminación en el lugar de trabajo. Tradicionalmente,
los sindicatos se organizaron y funcionaron sin reglamentación
gubernamental. Los empleados civiles, empleados de empresas
estatales y trabajadores de empresas privadas pueden afiliarse
a sindicatos. La afiliación a sindicatos fue alta
en el sector público (más del 80%) y baja
en el sector privado (aproximadamente el 5%) Los sindicatos
fueron independientes del control de los partidos políticos,
pero, tradicionalmente, están vinculados más
estrechamente con la coalición política Frente
Amplio.
La División de Negociación
Colectiva del Ministerio de Trabajo investiga las reclamaciones
de discriminación antisindical realizadas por sindicalistas.
No hubo nuevos acontecimientos en la queja de agosto de
2005 por parte de trabajadores de que una empresa de medios
de comunicación despidió a varios trabajadores
por sus actividades sindicales.
Existen mecanismos para resolver las reclamaciones
de los trabajadores contra sus empleadores. Las reclamaciones
de que los empleadores despidieron a los organizadores por
razones inventadas (permitiendo de ese modo a los empleadores
evitar sanciones) disminuyeron después de la aprobación
en diciembre de 2005 de la ley sobre protección de
la libertad sindical.
La ley prohíbe expresamente la discriminación
antisindical. La ley exige que los empleadores vuelvan a
contratar a los trabajadores despedidos por actividades
gremiales y exige a los empleadores pagar indemnización
a dichos trabajadores.
b. El derecho de organización y
negociación colectiva
La Constitución prevé el derecho
de huelga de los trabajadores, y estos ejercen este derecho
en la práctica.
El gobierno puede legalmente obligar a los
trabajadores a trabajar durante una huelga si prestan servicios
esenciales, que, de ser interrumpidos, “podrían
causar un grave perjuicio o riesgo, provocando sufrimiento
a parte o a toda la sociedad.” En el mes de octubre,
el gobierno invocó esta facultad durante un paro
de transportistas. El Ministro de Transporte manifestó
que el gobierno estaba preparado para incautar y operar
los camiones si los propietarios no cumplían con
el requerimiento de reanudar las operaciones. Los propietarios
cumplieron con la orden del gobierno.
La negociación colectiva entre las
empresas y sus gremios determina una serie de salarios del
sector privado. El Poder Ejecutivo, actuando en forma independiente,
determina los salarios del sector público.
Toda la legislación laboral ampara
a los trabajadores empleados en las ocho zonas especiales
de exportación. No hubo sindicatos en estas zonas,
pero el gobierno no prohibió su constitución.
c. Prohibición de trabajo forzado
u obligatorio
La ley prohíbe el trabajo forzado
u obligatorio, incluso de niños; sin embargo, hubo
denuncias de la ocurrencia de tales prácticas (véase
Parte 5).
d. Prohibición de trabajo infantil
y edad mínima de empleo
La ley protege a los menores contra la explotación
en el lugar de trabajo, incluso la prohibición de
trabajo forzoso u obligatorio. El Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social tiene la función de exigir su
cumplimiento. El cumplimiento de esta ley fue difícil
debido a la falta de recursos y al hecho de que la mayoría
del trabajo infantil se encontraba en el sector informal
(que representaba un 40% del empleo total en el país).
Algunos niños trabajaron como vendedores en la calle
en un sector informal en crecimiento o en el sector agrícola,
áreas que, en general, estaban reglamentadas en forma
menos estricta y en donde la paga es menor que en el sector
formal.
La ley prohíbe trabajar a menores
de 15 años, y en general, esta ley se cumplió
en la práctica. Los menores entre 15 y 18 años
requieren permiso del gobierno para trabajar, y no se concede
tal permiso para trabajos peligrosos, que causan fatiga
o para trabajo nocturno. Todos los trabajadores menores
de 18 años deben someterse a un examen físico
para determinar la existencia de daño físico
relacionado con el trabajo. Los niños entre 15 y
18 años no pueden trabajar más de 6 horas
por día dentro de una semana laboral de 36 horas
y no pueden trabajar entre las 22:00 y las 6:00 horas.
El permiso para trabajar solo se concede
a menores que han finalizado nueve años de educación
obligatoria o que siguen estando inscriptos en la escuela
y están trabajando para finalizar la educación
obligatoria. Los controles sobre los salarios y horarios
para niños son más estrictos que para los
adultos. Los niños mayores de 16 años pueden
acudir a la vía judicial por el pago de salarios,
y los niños tienen el derecho legal de disponer de
sus propios ingresos.
El INAU implementa normas para prevenir
y regular el trabajo infantil y ofrece capacitación
sobre temas de trabajo infantil. El INAU también
trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social para investigar denuncias
de trabajo infantil, y con el Ministerio del Interior para
entablar acciones judiciales. El INAU tiene siete inspectores
calificados para atender un estimado de 2.000 mil inspecciones
por año; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
cuenta con 109 inspectores para investigar todo tipo de
reclamaciones laborales. Las autoridades imponen sanciones
en aproximadamente el 5% de los casos.
Continuó un programa del INAU y una
ONG para dar comprobantes de alimentos de US$56 (1.360 pesos)
por mes a los padres que saquen a sus hijos de las calles
y los envíen a la escuela. Este importe se aproxima
a lo que un menor puede ganar trabajando en la calle, y
se consideró que el programa fue exitoso.
e. Condiciones aceptables de trabajo
El Ministerio de Trabajo pone en vigor un
salario mínimo mensual establecido por ley, que se
aplica tanto al sector público como al sector privado.
El Ministerio ajusta el salario mínimo cada vez que
ajusta los salarios del sector público. El salario
mínimo, fijado en setiembre en aproximadamente US$125
(3.000 pesos) por mes, funciona más como un índice
para el cálculo de los índices salariales
que como una medida real de niveles mínimos de subsistencia,
y no ofrece un nivel de vida decente para un trabajador
y familia. La gran mayoría de los trabajadores ganan
más que el salario mínimo.
La semana normal de trabajo es de 44 a 48
horas, según el tipo de industria, y los empleadores
deben dar a los empleados un período de 36 horas
de tiempo libre cada semana. La ley estipula que los trabajadores
de la industria reciben remuneración extraordinaria
por el trabajo que excede las 48 horas. La ley da derecho
a los trabajadores a 20 días de licencia paga después
de un año de empleo y prohíbe las horas extraordinarias
obligatorias que superen la semana laboral de 50 horas.
La ley protege a los trabajadores extranjeros
y no discrimina contra ellos, pero la protección
oficial exige que las empresas declaren a los trabajadores
extranjeros como empleados. Muchos trabajadores nacionales
y extranjeros trabajan informalmente, perdiendo el derecho
a determinadas protecciones legales.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
pone en vigor leyes que regulan las condiciones de salud
y seguridad en una forma generalmente efectiva. Sin embargo,
algunos de los reglamentos amparan a los trabajadores industriales
urbanos en forma más adecuada que a los trabajadores
rurales y agrícolas. Los trabajadores tienen el derecho
de retirarse de lo que consideran condiciones peligrosas
o riesgosas sin poner en peligro su empleo; el gobierno
respetó este derecho en forma efectiva, pero algunos
trabajadores reclamaron una pérdida posterior de
otros privilegios en el trabajo por su negativa a trabajar
en condiciones inseguras.
###
